Esto ha sido parte de lo que ha afectado la inexistencia de vuelos hacia Estados Unidos, pues previamente Volaris había expresado su intención de volar desde el AIFA a Los Ángeles para diciembre de 2022, una ruta que se quedó en el cajón ante la prevalencia de la degradación realizada por la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense hace casi dos años. Recientemente fue Aeroméxico el que anunció una ruta hacia Houston, que será posible a raíz de una negociación entre las autoridades de ambos países para que se puedan intercambiar rutas con el AICM.
De ahí que los especialistas consideran que, ante la falta de vuelos internacionales del AIFA —que apenas concentran un 4% de las actuales operaciones—, esto debería ser una prioridad más allá de otras mecánicas que promueve actualmente el gobierno federal, como la apertura del cabotaje a empresas extranjeras, que les permitiría operar rutas nacionales, actualmente sólo exclusivas para las aerolíneas mexicanas.
“Eso sí incidiría directamente no solo en beneficios para el AIFA, sino también en el desarrollo de rutas regionales y promoción de mejores precios para el pasajero”, dice Juan Carlos Machorro, socio experto en derecho aeronáutico de la firma Santamarina y Steta. “La apertura de operaciones de cabotaje en los términos planteados puede convertirse en la estocada final de un mercado cuyos actores piden con urgencia diálogo”.
Aunque las actuales rutas han generado a la fecha poco más de 1 millón de pasajeros, el AIFA esperaba que se registraran 2.4 millones de usuarios en el periodo.
Al reto de los destinos se suma una ambición de que el AIFA comience a generar ganancias a partir de este año. Tanto el director general del aeropuerto, Isidoro Pastor, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, han afirmado que la terminal comenzaría a registrar utilidades este mismo año, cuando Pastor dijo semanas antes de arrancar operaciones que el punto de equilibrio se alcanzaría hasta 2026.
Esto se da luego de que, en el Presupuesto de Egresos Federal de este año, se asignaran 836 millones de pesos a la operación del aeropuerto, prácticamente el doble de lo asignado en 2022.
Para Pablo Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), hubo una falta de planeación “bajo los principios de negocio utilitario y viable”.
“No hubo estudios de mercado, de posibles rutas y destinos, de perfil de pasajeros, del tipo de aeronaves posibles de usar en esa infraestructura que generara negocio y no pérdidas”, concluye.
