“Una ley de esa naturaleza ameritaría un parlamento abierto, que lleva varios meses, porque hay que convocar a todos los especialistas y quienes quieran participar, de una manera ordenada, quizá de forma temática de cada uno de los grandes temas que implica en este caso el cabotaje”, dice Creel a Expansión. “No hay nadie que lo haya pedido o solicitado en este momento”.
De aprobarse, los ajustes a la ley apuntan a marcar un antes y después en la industria. Aunque la iniciativa se lanzó y se promueve bajo la bandera de recuperar la Categoría 1 de la seguridad aérea –que está por cumplir dos años de haberse perdido–, además del cabotaje, el proyecto del presidente López Obrador también permitiría que una empresas aeroportuaria opere su propia aerolínea, con lo cual se espera que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pueda albergar una línea aérea del Estado.
De hecho, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México calcula que, tomando en cuenta todos los cambios a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos, sólo una tercera parte estaría destinada a cumplir con los requerimientos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) estadounidense para devolver al país a Categoría 1.
Varias organizaciones y sindicatos han advertido que el proyecto no ha tenido la discusión necesaria para analizar rubros como el cabotaje, que, aseguran, pone en riesgo a las aerolíneas mexicanas y los empleos del sector. Incluso, el pasado lunes Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris se pronunciaron en contra del apartado que contempla la aprobación del cabotaje, en línea con lo expuesto por la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).
Al respecto, Creel Miranda no considera que la iniciativa sea algo que se discuta en la Cámara en los próximos días, pues no existe la discusión ni los planteamientos para sacarla adelante. “No sé si (se dictamine) en este periodo (legislativo), pero no estoy viendo ni escuchando la intención de que esto salga próximamente”, enfatiza.
Además, el presidente de la cámara baja se pronunció en contra de este apartado por los efectos que tendría en el mercado. “No es una competencia leal, no hay reciprocidad, puede afectar a nuestra industria nacional, planta de pilotos, sobrecargos. Fue algo poco reflexionado y meditado antes de hacer la propuesta”, señaló.
Legisladores de la comisión de infraestructura –que es la encargada de evaluar el proyecto junto a las comisiones de comunicaciones y transportes y comercio y competitividad– dijeron recientemente que se ampliaría el plazo para dictaminar el proyecto, pero se buscaría darle salida a más tardar el próximo 30 de abril.
