La pequeña minería, que representa alrededor del 3% de las personas que laboran en esta industria, enfrenta nuevos desafíos tras la reforma a la Ley Minera, que cambió el proceso de otorgamiento de concesiones, lo que coloca a las empresas de menor tamaño en una posición desfavorable en comparación con las compañías más grandes.
El documento, publicado el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, propone que las empresas deben participar en un concurso público para obtenerlas, lo que significa que se asignarán a la oferta más alta en lugar de ser dadas al primer inversionista privado que se presente. Este cambio marca un alejamiento del esquema anterior y plantea nuevos obstáculos para la pequeña minería.
También propone que las concesiones tengan una duración inicial de 30 años, con la posibilidad de ser prorrogadas en dos ocasiones, cada una por un período de 25 años. En el caso de las concesiones existentes, se aplicaría una prórroga de 25 años seguida de otra prórroga de 25 años, esta última con la condición de participar en un concurso donde se daría prioridad al titular de la concesión. Antes de la reforma, la Ley Minera vigente estipulaba una duración de 50 años para las concesiones, con la posibilidad de una prórroga adicional de 50 años si se cumplían ciertas condiciones de no cancelación.
