La propuesta llegó al Senado tras su aprobación, con una serie de modificaciones, en la Cámara de Diputados el viernes pasado. La Cámara Minera de México (Camimex) celebró la discusión llevada a cabo en torno a ello, reconociendo que “hubo un diálogo abierto”.
Entre los principales acuerdos destaca que la iniciativa original del Ejecutivo Federal contemplaba la reducción de concesiones mineras de 50 a 15 años, un plazo que, tras la discusión en la Cámara Baja, se delimitó en 30 años.
Para la tarde de este martes, incluso panistas, emecistas y verdes, sugirieron llevar a cabo un Parlamento abierto y un periodo extraordinario de sesiones para discutir a todos los sectores que no fueron tomados en cuenta, como son la industria en cuestión, los trabajadores del gremio y los pueblos donde se ubican las minas.
El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños dijo que dada la importancia de la minuta, se requiere de un poco más de análisis “y no digo que nos vayamos al próximo periodo legislativo, sino que simplemente no lo hagamos de esta manera tan apresurada”.
“Creo que estaríamos en condiciones y le solicitaría a los presidentes declarar un receso y declararnos en comisión permanente para poder construir, a través del diálogo, con los comentarios de nuestras compañeras, legisladoras y legisladores, incluso analizar la posibilidad de incorporarlos en la exposición de motivos de dicha minuta, darle tiempo también a que la Junta de Coordinación Política sesione en el transcurso del día”, expresó.
El senador emecista Noé Castañón, secundó esa propuesta y, a nombre de su bancada, dijo que “no hay prisa” y que es necesario corregir algunos matices que trae el dictamen, lo que no implica devolverlo a la Cámara de Diputados.
“Dennos tiempo de quedarnos en Comisión permanente, hacer una propuesta de comisión, crear unos matices, que no motivan el reenvió a la colegisladora, sino para salvar ciertos derechos de los propios concesionarios”.
Además, agregó que la reforma podría declararse como inconstitucional por no haber realizado una consulta previa a la expedición de la ley, traerá consigo “como pasó ya en algunos precedentes de la Suprema Corte: la inactividad, inhabilitación, inoperatividad de esta normativa”.
Explicó que, aunque la iniciativa sea aprobada y después se realicen consultas, estas no subsanarían la falta de consultas previa.
“En aras de lograr eso, vamos, creo que tenemos el tiempo suficiente para subsanar ese error de la falta de consulta y poder llegar a esos parlamentos, estas consultas debidas, y luego sí hacer un proceso legislativo idóneo, solventando estas cuestiones”.
En la exposición de motivos de la iniciativa destaca que pretende recuperar la “rectoría” del Estado sobre los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo mexicano, los considera “son dominio directo de la Nación”, mientras transforma las figuras de asignación en favor de las entidades paraestatales para que puedan ser otorgadas a empresas del sector público.
En una conferencia de prensa convocada por la Camimex el pasado 13 de abril, Jaime Gutiérrez, presidente del organismo, aseveró que la propuesta podría terminar en disputas internacionales bajo el esquema del T-MEC, al sobreponer a las paraestatales por encima del capital privado.
El senador panista Damián Zepeda Vidales, destacó la importancia de la industria minera como para “tratarla a la ligera”, dado que genera 400,000 empleos directos, más de 2 millones de empleos indirectos y más de 300,000 millones de pesos al año.
“Creo que vale la pena un debate. Es tan importante [la Ley minera] que me parce que no merece un trato como el que le estamos dando aquí más allá de lo que diga esta ley”, expresó el legislador panista, al lamentar que el Poder Legislativo esté “prácticamente” subordinado al Legislativo.
