3.- Desventaja frente a empresas paraestatales
El proyecto también eliminaría el esquema de primer solicitante para el otorgamiento de concesiones, lo cual, de aprobarse, se realizaría mediante concursos públicos. Al mismo tiempo, elimina el carácter preferente de la actividad minera.
“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares, incluso sobre propiedad social, ya que generan un beneficio exclusivamente privado”, añade.
De igual forma, transforma la figura de las asignaciones en favor de las entidades paraestatales para que éstas puedan ser otorgadas a empresas del sector público. Estas asignaciones tendrían una vigencia por tiempo indefinido.
Desde la perspectiva del presidente de la Camimex, esto podría repercutir en disputas internacionales, principalmente bajo el esquema del acuerdo sostenido por América del Norte, el T-MEC, ya que pondría en una situación de desventaja a las empresas privadas.
“Se tendría un trato discriminatorio con las empresas paraestatales sobre el asunto del régimen de asignaciones mineras, en los cuales a estas empresas no se les impone ninguna limitación y sí nos la impondrían a nosotros”, argumentó.
4.- Recursos hídricos
La exposición de motivos de la iniciativa menciona que, así como se pretende regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras, también busca hacerse con las concesiones de agua enfocadas a esta actividad.
El proyecto de reforma adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.
Además, propone establecer la figura de la concesión de agua para uso específico en minería, con el propósito de “evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico”, por lo que ésta tendría una extensión de cinco años, con posibilidad de prórroga por igual término.
Armando Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, considera que, por lo menos, la concesión de agua debería durar el mismo tiempo que la concesión minera, ya que de no ser así, se volvería inviable la operación.
“El Estado pone más controles y limita lo que puedes hacer, con ello limitas el tamaño de la minería, limitas el crecimiento, las inversiones, el empleo. Como país va a limitar el crecimiento”, asevera en entrevista con Expansión.
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 76% de los recursos hídricos del país son destinados a las actividades agrícolas, 14% para abastecimiento público, 5% para el sector energético y el 5% restante para el sector industrial.
De acuerdo con el último Informe de Sostenibilidad de Camimex, con base en un estudio realizado por Conagua, el sector minero consume un estimado del 0.9% de la totalidad del agua que corresponde al uso industrial.