Cuatro razones por las que las empresas rechazan la nueva reforma minera de AMLO

1.- Reducción de concesiones

En su exposición de motivos, la reforma destaca que pretende recuperar la “rectoría” del Estado sobre los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo mexicano, que son del dominio directo de la Nación.

“Se pretende regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras”, con la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano y a la salud, así como la preservación de los recursos naturales y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.

Por ello, la propuesta contempla disminuir de 50 a 15 años el término de una concesión para esta actividad, con la posibilidad de hacerla prorrogable, por una sola ocasión, hasta por un lapso igual, lo cual pretende “disminuir la especulación de particulares con los recursos de la nación”, destaca el documento.

La Cámara Minera de México (Camimex) ha calificado este punto como “imposible”, ya que, en promedio, las etapas de exploración para detectar un yacimiento de minerales tardan entre 10 y 20 años.

“Esto sin considerar trámites, servicios, edificación de la propia mina, inversiones en el proceso y demás. Es inviable totalmente una situación de estas”, aseveró en conferencia de prensa Jaime Gutiérrez, presidente del organismo.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la etapa de descubrimiento, exploración y factibilidad para un yacimiento, tarda en promedio 12 años y medio, al cual se agregan cerca de dos años para la etapa de planeación del complejo y otros dos años para la fase de construcción. Después de estos periodos, es cuando comienza la explotación.

2.- Explotación de un solo mineral

La ley vigente indica que, con una concesión minera, las empresas pueden explotar la totalidad de los recursos minerales que se encuentren en el lote; por ejemplo, Peñoles en su complejo Capela, en Teloloapan, Guerrero, al tratarse de una mina polimetálica, extrae oro, plata, plomo, zinc y cobre.

La iniciativa pretende eliminar la posibilidad de explotar todos los minerales de la concesión, al proponer que ésta sea otorgada solamente para un mineral o sustancia, lo que “permitirá un mayor control de generación de recursos para el Estado y las comunidades afectadas”, según el documento.

Desde la perspectiva de Gutiérrez, este punto expone un “total desconocimiento” de la industria, puesto que los yacimientos no albergan un solo mineral en su interior.

“Existe un total desconocimiento de la industria como para exigir que solo se den concesiones por una sola sustancia, lo cual es imposible. El mineral que se extrae de las minas viene en conjunto en aleación con otros minerales, sería imposible llegar a hacer esto”, añadió.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el oro, cobre, plata, zinc y fierro, son los cinco minerales más extraídos en México, y en conjunto aportan el 87.4% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional.

3.- Desventaja frente a empresas paraestatales

El proyecto también eliminaría el esquema de primer solicitante para el otorgamiento de concesiones, lo cual, de aprobarse, se realizaría mediante concursos públicos. Al mismo tiempo, elimina el carácter preferente de la actividad minera.

“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares, incluso sobre propiedad social, ya que generan un beneficio exclusivamente privado”, añade.

De igual forma, transforma la figura de las asignaciones en favor de las entidades paraestatales para que éstas puedan ser otorgadas a empresas del sector público. Estas asignaciones tendrían una vigencia por tiempo indefinido.

Desde la perspectiva del presidente de la Camimex, esto podría repercutir en disputas internacionales, principalmente bajo el esquema del acuerdo sostenido por América del Norte, el T-MEC, ya que pondría en una situación de desventaja a las empresas privadas.

“Se tendría un trato discriminatorio con las empresas paraestatales sobre el asunto del régimen de asignaciones mineras, en los cuales a estas empresas no se les impone ninguna limitación y sí nos la impondrían a nosotros”, argumentó.

4.- Recursos hídricos

La exposición de motivos de la iniciativa menciona que, así como se pretende regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras, también busca hacerse con las concesiones de agua enfocadas a esta actividad.

El proyecto de reforma adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.

Además, propone establecer la figura de la concesión de agua para uso específico en minería, con el propósito de “evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico”, por lo que ésta tendría una extensión de cinco años, con posibilidad de prórroga por igual término.

Armando Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, considera que, por lo menos, la concesión de agua debería durar el mismo tiempo que la concesión minera, ya que de no ser así, se volvería inviable la operación.

“El Estado pone más controles y limita lo que puedes hacer, con ello limitas el tamaño de la minería, limitas el crecimiento, las inversiones, el empleo. Como país va a limitar el crecimiento”, asevera en entrevista con Expansión.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 76% de los recursos hídricos del país son destinados a las actividades agrícolas, 14% para abastecimiento público, 5% para el sector energético y el 5% restante para el sector industrial.

De acuerdo con el último Informe de Sostenibilidad de Camimex, con base en un estudio realizado por Conagua, el sector minero consume un estimado del 0.9% de la totalidad del agua que corresponde al uso industrial.