En 2019 Telefónica México fue la primera empresa en renunciar a todo el espectro que se le había concesionado debido a la carga financiera que representaba, y en su lugar decidió montarse en la red de AT&T. Pero ahora la compañía presidida en México por Mónica Aspe ha asegurado no estar interesada en participar en ninguna licitación de bandas hasta que no cambien las políticas recaudatorias del Estado.
En cambio, parte de su estrategia para lograr eficiencias operativas ha sido renunciar a parcialidades de espectro. Tan sólo en diciembre del año pasado, AT&T regresó 3 MHz de la banda de 850 MHz en Guadalajara y Ciudad de México, y 10 MHz en la banda AWS en las regiones 1 del país, que incluye Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora, así como en la región 2, que abarca Sinaloa y Sonora excluyendo el municipio de San Luis Río Colorado.
Este movimiento ha implicado que las arcas del gobierno dejen de percibir anualmente 106 millones de pesos, sumados a los 4,500 millones de pesos que dejó de ingresar Telefónica México desde 2019. Con la potencial devolución de AT&T implicaría una pérdida de 12,134 millones de pesos.
Jorge Moreno Loza, abogado de telecomunicaciones y titular del despacho de Expanzione, aseguró que si esta vez el gobierno no modifica su mirada recaudatoria, el escenario que vaticina regulador puede volverse realidad.
La renuncia de AT&T México a su espectro tendría consecuencias para el desarrollo digital del país. Por una parte, la compañía se ha convertido en un jugador relevante en términos de red, ya que alberga la operación de Telefónica, operadores virtuales como Megamovil, Izzimovil, entre otros, y si renuncia a toda su red dichos operadores y usuarios entrarían en incertidumbre.
Además, la compañía es uno de los operadores que despliega la tecnología 5G, por lo cual un movimiento de esta naturaleza dejaría a sólo dos operadores con red: Altán Redes y América Móvil, que ya tiene señalamientos como agente preponderante.
"Estamos en un punto complicado. Y si no se hace algo, esto puede traer un atraso en el desarrollo tecnológico con poblaciones con poca cobertura y, además, para el desarrollo de tecnologías como 5G, internet de las cosas, inteligencia artificial, entre otras", advierte el especialista.
La propuesta del regulador
Para evitar un escenario catastrófico, el Instituto ha propuesto a Hacienda que sólo se cobre el 1% de los ingresos de los operadores por los derechos y uso de bandas de frecuencias, además de reducir los derechos de las bandas destinadas a servicios 5G que no se han asignado (como las bandas de 600 MHz y L) a un 30% de su referencia internacional con el fin de promover la adopción de la tecnología.
Actualmente la mayor parte del costo del espectro en el país se concentra en el pago de derechos. Esta situación crea una inflexibilidad para que competidores de menor tamaño puedan ajustar sus costos. América Móvil, por ejemplo, paga el 4.1% de sus ingresos anuales por el uso del espectro, mientras que AT&T desembolsa el 11.6%, lo cual ha creado una desventaja en costos.
"Se tendría que buscar un modelo de pago a partir de cuál es el alcance o el objetivo de uso de las bandas y del operador, y no dejar la decisión del todo a Hacienda", dice Loza.
Otras alternativas para el gobierno son considerar el ingreso que se genera por el espectro para un fondo para incrementar la infraestructura en lugares sin cobertura."Mientras no se cambie la óptica de éste bien, el país puede quedar rezagado", concluye el especialista.
