Ahora el gobierno del presidente saliente Guillermo Lasso, quien acortó su mandato convocando elecciones anticipadas para evitar un juicio político, ha extendido el contrato vigente hasta que se pueda negociar uno nuevo.
"La prórroga tendrá una vigencia en cuanto al plazo hasta que se firme el nuevo contrato de renegociación, lo cual se estima que deberá celebrarse en aproximadamente unos seis meses", dijo la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, a periodistas.
"Es un consenso al cual se ha llegado con la operadora telefónica Claro (Conecel)", agregó, y dijo que el tiempo de la prórroga, firmada el lunes, se sumará al nuevo contrato que se está negociando.
Conecel, cuya marca comercial es Claro en el país, tiene un 52% de participación en el mercado de telecomunicaciones de Ecuador con unos 9.2 millones de usuarios. También operan una filial de la española Telefónica, Otecel, y la ecuatoriana CNT.
El nuevo contrato, que aún se está negociando, evalúa el valor final y las nuevas condiciones económicas, explicó Maino.
Conecel no estuvo disponible de inmediato para comentarios.
El gobierno dijo que durante la prórroga del contrato continuará el servicio para los clientes con los mismos precios y la operadora tendrá que cancelar 3.3 millones de dólares cada mes durante el periodo de extensión del contrato.
Ecuador también está analizando prorrogar el contrato con Telefónica, dijo Maino. Ese contrato vence en noviembre del 2023.
