Se trata del segundo golpe dado a los tres concesionarios aeroportuarios en lo que va de octubre. El primero aconteció el 5 de octubre, cuando el gobierno, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tomó la decisión de realizar modificaciones en las bases de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) con efecto inmediato, provocando una reacción inmediata en los mercados financieros.
Entonces, los títulos de OMA, encargado de la operación del aeropuerto de Monterrey, se redujeron en un 26%. GAP, responsable de la gestión del aeropuerto de Los Cabos, sufrió una disminución del 22.3%; mientras que ASUR, cuyo principal centro aéreo se encuentra en Cancún, experimentó una caída del 16.7%.
La nueva iniciativa eventualmente puede generar condiciones de competencia inequitativas entre los concesionarios privados y los paraestatales, ya que para estos últimas el pago de ese derecho se mantuvo en 5% de sus ingresos brutos anuales.
La actual administración ha introducido al ejército como un actor clave en la industria aérea. Esto ha generado preocupaciones entre las empresas del sector, ya que el Gobierno Federal está tomando medidas que podrían resultar en una especie de competencia desleal en el sector.
Julio Zugasti, especialista en el sector dentro del despacho Hogan Lovells, resalta que el incremento de 5% a 9% en las tarifas aeroportuarias no es menor, pues se está casi duplicando el impuesto previo, lo que terminará impactando en las ganancias de los grupos aeroportuarios y con ello, en sus ánimos de seguir invirtiendo en infraestructura o en mejoras de los espacios existentes.
“Es un gran golpe para la inversión extranjera, porque estos cambios tan abruptos, de la noche a la mañana, dejan mal parado al país, porque las reglas del juego no están claras”, asevera en entrevista con Expansión.
Gerardo Herrera, un experto en el sector aéreo y académico de la Universidad Iberoamericana, coincide en que los nuevos lineamientos colocan a las empresas privadas en una posición desfavorable. "Da la impresión de que se busca 'exprimir' a sectores productivos para financiar proyectos estatales que no sabemos si van a funcionar", dice.
El especialista señala que aún persisten dudas sobre el éxito de la incursión de las fuerzas armadas en la industria aérea, especialmente a la luz de los resultados poco favorables del AIFA.
"Hoy no podemos afirmar con certeza que la transferencia de control aéreo y aeropuertos al ejército sea una empresa productiva. Aunque existe la posibilidad de que lo sea en el futuro, en este momento no tenemos una idea clara al respecto", dice Herrera.
