Los pormenores en torno al decreto no están claros, pero los efectos de no llevarlo a cabo sí: si las empresas no presentan dicho plan en el plazo indicado, serán las Fuerzas Armadas quienes se encarguen del nuevo proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La medida busca utilizar la infraestructura existente para los trenes de carga. De acuerdo con Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, una consultoria del sector, son 8,000 kilómetros de vía los que inicialmente se están contemplando, es decir, 35% de la infraestructura existente en el país.
Los trenes para pasajeros es un negocio que en casi todo el mundo necesita de subsidios para ser rentable. Benjamín Alemán Castilla, extitular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), destacó que las concesionarias actuales podrían buscar una asociación público-privada.
“Lo más sensato sería que las empresas ferroviarias dijeran que sí a una asociación público-privada en la cual proveerían el sistema de pasajeros, pero que le digan al Estado que las ayude a financiar el subsidio, porque claramente esto no es rentable (...). El mejor equilibrio sería que la empresa ferroviaria dijera que sí lo van a hacer, pero que el dinero que le van a dar al ejército, ahora se lo tuvieran que dar como subsidio para mantener la operación”, dijo en entrevista con Expansión.
Al tratarse de la coexistencia del transporte de carga y pasajeros, priorizando éste último como lo indica el decreto, la medida implicará cambiar las operaciones diarias de las ferroviarias. Es decir que, si antes hacían 10 viajes en determinada ruta, éstas tendrían que disminuirlas.
De acuerdo con información proporcionada a Expansión, Grupo México Transportes, de Germán Larrea, prepara una postura que publicará en los siguientes días, puesto que aún evalúa la medida, mientras que CPKC de México realiza un estudio en conjunto con el gobierno para su viabilidad.
Para Juan Carlos Miranda, perito en ferrocarriles por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, es “sumamente limitado” el tiempo dado por el Gobierno para hacer los estudios correspondientes del nuevo rumbo que seguirá el sector, pues se tiene que analizar la viabilidad económica, aún más tomando en cuenta el dinamismo creciente en el intercambio de mercancías por fenómenos como el nearshoring.
“Es un plazo sumamente limitado para poder hacer los estudios. Ello genera riesgo de inadecuada toma de decisiones. En caso de que la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina presten el servicio mediante derechos de paso en las vías concesionadas o construyendo vías independientes, el problema será el mismo: requerirán estudios adecuados para el diseño pertinente de la infraestructura del servicio de pasajeros”, dice Miranda, experto ferroviario.
Pero, más allá de las complicaciones operativas, las herramientas legales para su puesta en marcha ya están dadas. Tras la reforma constitucional de 1995, el régimen de participación exclusiva del Estado en los ferrocarriles fue sustituido, en miras de permitir la participación de privados mediante el otorgamiento de concesiones.
En dicha modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno dejó abierta la posibilidad de que el transporte ferroviario fuese de pasajeros y de carga, por lo que, desde la perspectiva de Luis Rodríguez Alemán, especialista en derecho constitucional y administrativo, se cuentan con los mecanismos legales para implementar el nuevo objetivo presidencial. No obstante, aún quedan algunos recursos legales que podrían interponer las empresas, como los amparos.
