¿Qué dice la iniciativa?
El fundamento de esta iniciativa se encuentra en el derecho humano a la salud, consagrado en el artículo cuarto constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Además, se subraya la obligación del Estado de garantizar este derecho y de evitar que particulares, empresas y grupos delictivos afecten la salud de la población.
La propuesta del presidente López Obrador también se basa en la interdependencia de los derechos humanos, reconocida en el artículo primero constitucional, lo que implica que la protección del derecho a la salud conlleva la protección de otros derechos relacionados, como el derecho a un ambiente sano y el interés superior de la niñez.
A pesar de los esfuerzos previos del Gobierno Federal para restringir el acceso a estos dispositivos, como el decreto de 2020 que prohibía su importación y distribución, o el de 2022 que que prohíbe la venta de estos dispositivos; el mercado de vapeadores ha continuado su expansión.
El número de usuarios pasó de 975,000 en 2019 a más de 1.5 millones en la actualidad. Este incremento se ha visto impulsado por los amparos presentados por fabricantes y comercializadores de estos dispositivos, así como por el surgimiento de un mercado negro en establecimientos de comida y en el comercio electrónico.
“Un riesgo para la salud pública”
Esta iniciativa de reforma del gobierno surge en respuesta a los crecientes riesgos para la salud pública asociados con el uso de estos dispositivos. La iniciativa dice que, aunque en las etiquetas de los vapeadores se declara principalmente la presencia de saborizantes y nicotina, análisis realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han revelado la presencia de otras sustancias altamente tóxicas para el consumo humano, como veneno para ratas y cucarachas.
Además, añade la iniciativa, se ha comprobado que el uso de estos dispositivos como alternativa al tabaco conlleva riesgos aún mayores para la salud en un periodo más corto, afectando no solo a los usuarios, sino también a sus familias y a las instituciones de salud pública que deben destinar recursos para tratar los riesgos asociados.
En México, el problema se ha agravado, especialmente entre los jóvenes, debido a la publicidad masiva que promueve su uso, principalmente a través de las redes sociales. Según datos de 2022, cerca del 2.6% de la población adolescente y el 1.5% de las personas mayores de 20 años hicieron uso de estos dispositivos en lugar de los cigarros de tabaco. Además, las ventas de vapeadores y cigarros electrónicos han seguido en aumento, generando entre 3,000 y 5,000 millones de pesos al año, según estimaciones de la asociación civil Pro-Vapeo.
Para lograr la aprobación de esta reforma constitucional, el presidente requiere el respaldo de dos terceras partes del Congreso, pero actualmente no cuenta con los votos necesarios. En la Cámara de Diputados, Morena y sus partidos aliados suman 273 votos de los 334 necesarios para alcanzar la mayoría calificada. En el Senado cuentan con 71 votos de los 84 necesarios. En ambos casos, estos números pueden variar, dependiendo de la asistencia en las sesiones en las que se voten las reformas.
