Las restricciones a la importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos en México comenzaron con un decreto presidencial en febrero de 2020, debido a los daños a la salud asociados con su uso. Posteriormente, en 2022, se emitió un segundo decreto que hizo énfasis en la prohibición de los líquidos y mezclas utilizadas en estos dispositivos, basándose en informes de la Cofepris que detectaron químicos dañinos.
Aunque en diciembre de 2022, el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa le concedió un amparo a Sanborns en contra del decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de dichos productos, tanto en los anaqueles como en la plataforma en línea de la cadena, los vapeadores y los líquidos asociados se muestran como agotados.
Este fenómeno se replica en otros comercios, en donde también se han agotado sus existencias de dispositivos, aunque aún venden líquidos nacionales elaborados a partir de glicerina de grado alimenticio.
Una industria que se mueve entre decretos y amparos
Anteriormente, era común encontrar productos para vapear en diversos establecimientos, como hamburgueserías o barberías, donde bastaba con demostrar la mayoría de edad para adquirirlos. Sin embargo, estas opciones están disminuyendo, y aquellos que aún operan lo hacen de manera clandestina para evitar la detección por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
"Preferimos operar de esta manera para evitar el escrutinio de la Cofepris", dice un vendedor de líquidos para vapear. Las consecuencias legales, las sanciones por la venta de vapeadores en México pueden incluir multas económicas que van desde 1,000 hasta 4,000 veces el salario mínimo, según lo determine la Cofepris.
Cuauhtémoc Rivera, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ha señalado que las restricciones a la comercialización de estos productos han incentivado el contrabando y el mercado negro. Rivera sugiere que en lugar de prohibir, se debería establecer un reglamento que defina las mejores prácticas comerciales para estos productos.
Aunque los decretos han enfrentado resistencia y han sido objeto de amparos, el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma constitucional en febrero de este año para elevar la prohibición de los vapeadores a nivel constitucional. Esta propuesta debe ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión y, si esto ocurre, su regulación e implementación quedarán en manos de la próxima administración federal.
Actualmente, parece probable que las medidas para restringir el uso de vapeadores continúen si Claudia Sheimbaum, candidata de Morena a la presidencia, gana las elecciones en junio próximo. Durante el inicio de su campaña, Sheimbaum reiteró su apoyo a las restricciones a estos dispositivos, en consonancia con su respaldo a las acciones del gobierno desde su cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El IQOS de Philip Morris
Alejandro Luna Arena, socio a cargo del área de Salud y Regulación Sanitaria de la firma Santamarina y Steta, señala que los amparos obtenidos por los decretos anteriores perderán efecto ante la legislación propuesta, por lo que los afectados deberán buscar nuevos amparos con fundamentos similares.
En caso de que el Congreso apruebe la iniciativa, los amparos deberán tramitarse en un plazo de 60 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, en caso de existir un acto concreto de la autoridad, como la prohibición de importación contra un individuo.
“El fundamento por motivos de salud puede estar o no bien fundamentado por la autoridad, pero existe cierta restricción al comercio que eventualmente se deberá analizar”, comenta el socio de Santamarina y Steta.
