Cigarros pirata: el mercado que crece a la sombra de la regulación federal

Recientemente, con el objetivo de restringir el acceso a los cigarros para los adolescentes y disminuir la población fumadora, a finales de 2022, se reformó la Ley General para el Control del Tabaco. El decreto prohibía toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productores elaborado con tabaco en cualquier medio de comunicación, así como exhibir las cajetillas en puntos de venta.

A esto se sumó la prohibición para fumar en algunos espacios públicos, como centros de trabajo, bares y antros, restaurantes, además de plazas públicas. Las restricciones fueron echadas abajo por asociaciones de restaurantes, bares y comercios, que se ampararon ante el decreto presidencial.

Y mientras las autoridades endurecen las normas para evitar el consumo de tabaco, la venta de cigarros pirata no tiene un freno. Para pocos consumidores no es un secreto que estos productos se pueden adquirir en el mercado informal, incluso, al comprar cigarros sueltos en cruceros o personas en la calle, es casi poco probable verificar las cajetillas.

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Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC), explica que se han detectado algunos puntos de venta en tianguis como el de Tepito, en la Ciudad de México, o el de Pulga Río en Monterrey, Nuevo León, con un precio por cajetilla que ronda los 25 pesos, cuando en una cajetilla tiene un precio que llega hasta los 85 pesos, con un margen de utilidad del 70%.

“Los mexicanos que fuman encuentran mercado en mercado legal que está sobrerregulado y, por el otro lado, el mercado del ilícito que se mueve con total libertad y se vende en las aceras en los cruceros o con los boleros”, dice el presidente de la ANPEC.

Rivera detalla que han identificado que de cada 10 cigarrillos que se comercializan en el país, dos son piratas y de esos dos, uno se produce en México y el otro es importado, en su mayoría, desde países como Vietnam, China y Paraguay.

En México, los estados donde han detectado la instalación de infraestructura para la producción de cigarros ilícitos son Campeche, Jalisco y el Estado de México, de acuerdo con Rivera. “Esta producción ilícita en México se hace en ambulantaje, es decir, tienen sus códigos de escape y se mueven constantemente para no ser detectados por las autoridades”, declara.

Aun con los esfuerzos de las autoridades, el consumo de tabaco entre personas adultas se mantuvo sin cambios significativos de 2009 a 2023. Hasta el año pasado, 14.3 millones de personas, que equivalen a 15.3% de la población, declararon fumar tabaco; de ellas, 71.9% planeaba dejar de fumar y 42.3% visitaron los servicios de salud en los últimos 12 meses y recibieron consejo para dejar de hacerlo.

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En la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés) también se informa que en México se mantiene elevada la exposición en bares o clubes nocturnos con 70.3%, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

El daño a las finanzas públicas

Las afectaciones a la salud no son el único daño de los cigarros pirata, también generan un daño al erario público, que entre enero y noviembre de 2023 reportó ingresos por los impuestos al tabaco 44,735 millones de pesos, una cifra que significa un crecimiento de apenas 1.56% frente a los 44,045 millones que se recaudaron en el mismo periodo de 2022.

Entre 2015 y 2022, el aumento en los ingresos tributarios por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco creció 29.9%, al pasar de 36,891 millones de pesos a 47,948 millones, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en sus últimos datos publicados en enero del año pasado, reportó que los cigarros ilegales representan 20% del mercado nacional. En 2022, personal de la ANAM registró el aseguramiento de un total de 49.8 millones de cigarros en las 50 aduanas del país.

Además de las finanzas públicas, la venta de cigarros ilegales también generan un boquete en los ingresos de las tiendas. Rivera, presidente de ANPEC, detalla que este 20% que los tabacos pirata representan de la venta de cigarros, le quitan la posibilidad de venta a un pequeño comerciante, lo que genera en una afectación de 15% de las ventas directas y hasta de 20% en la venta concurrente, es decir, de los productos que acompañan la venta de cigarros, como los encendedores, chicles u otros snacks.

Cuauhtémoc Rivera detalla que, tanto autoridades como empresas, han instruido a los pequeños comerciantes para que comercialicen cajetillas que contengan el código de verificación del SAT como una manera de promover la venta de los cigarros ilegales.

“El cigarro ilegal se vende más suelto, porque algunas personas fumadoras, como parte de los esfuerzos por dejar de fumar, ya no compran cajetillas para dejar de fumar y esta idea de que con prohibiciones se va a acabar con el consumo, solo han demostrado que es un camino inadecuado porque ha potenciado el mercado ilícito”, concluye Rivera.