Sin embargo, este decreto convive con otra disposición que permite la regularización de vehículos que ingresaron al país de forma ilegal, los llamados “autos chocolate”. Este segundo decreto, prorrogado en septiembre pasado, continuará hasta finales de 2026, y se estima que desde su inicio, en 2022, se han regularizado más de 2.5 millones de estos autos. Para acceder a esta regularización, los propietarios deben cubrir una cuota de 2,500 pesos, la cual permite su registro en el Registro Público Vehicular (Repuve).
¿Cuál es la diferencia entre los dos decretos?
El primer decreto no anula al otro; más bien, ambos operan de forma independiente y tienen propósitos distintos, aunque en la práctica se dirigen al mismo mercado de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
El decreto de importación definitiva se orienta hacia la importación formal y regulada de autos usados, permitiendo que vehículos relativamente recientes ingresen al país con un pago arancelario y bajo ciertas normas de seguridad y medio ambiente. Este proceso es más ordenado y proporciona una recaudación formal de impuestos para el gobierno federal.
Por otro lado, el decreto de regularización de autos chocolate se aplica a vehículos que ya ingresaron al país de manera irregular y, en lugar de sancionar su entrada ilegal, permite su legalización mediante un pago fijo. Este mecanismo facilita la incorporación de autos sin registro previo al mercado mexicano sin los requisitos más estrictos de seguridad y medio ambiente, lo que plantea un incentivo para el ingreso de vehículos irregulares.
Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destaca que esta facilidad de regularización ha incentivado el contrabando vehicular y ha beneficiado al crimen organizado.
“El mensaje que se ha dado con la coexistencia de estos dos ordenamientos es totalmente negativo, porque se ha venido estimulando la ilegalidad, el contrabando, el procedimiento por el que se ingresan los vehículos es el delincuencial del contrabando para posteriormente allanarse a los beneficios de regularización y obtener un documento Repuve para poder emplacar y eso explica los números”, afirmó Rosales en entrevista con Expansión.
Según Rosales, el decreto de regularización de autos chocolate no solo afecta al mercado formal de vehículos en México, sino también a las finanzas del gobierno federal. “No le queda nada al Gobierno Federal porque se cobran 2,500 pesos por regularizar un vehículo y esos 2,500 pesos se transfieren al gobierno del estado y a los municipios donde se llevó a cabo la regularización”, señala Rosales.
En un contexto de déficit de recursos, la regularización de autos chocolate representa una pérdida de ingresos potenciales para la federación, que podría beneficiarse si estos autos ingresaran de manera legal y contribuyeran con aranceles.
Una medida más controlada y formal
A diferencia de la regularización de autos chocolate, el decreto de importación definitiva es, según la AMDA, una medida menos dañina para el mercado formal. Este mecanismo de importación permite una mayor recaudación de aranceles, lo cual beneficia a la federación y fomenta la formalidad.
"Lo primero es positivo que se haya expedido el nuevo decreto (de importación definitiva), esa es una buena noticia", señala Rosales, aunque insiste en la necesidad de eliminar la regularización de los autos chocolate.
La AMDA ha sido una de las voces críticas de la regularización de autos chocolate desde que inició en 2022, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la AMDA mantiene su posición, esperando que en algún momento se deje sin efecto este decreto de regularización. "No hay respuesta todavía respecto a la petición que tenemos de derogar el decreto de regularización del contrabando (autos chocolate)", concluye Rosales.