Las cámaras empresariales, entre ellas CONCANACO SERVYTUR, CANACINTRA e INDEX, advirtieron que el impacto podría escalar en los próximos días, poniendo en riesgo hasta 100,000 empleos directos e indirectos.
“Los servicios son pilares fundamentales de la economía nacional, y cualquier reforma debe considerar su impacto en millones de familias”, declaró Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR.
Por su parte, Esperanza Ortega Azar, presidenta de CANACINTRA, señaló que “este decreto pone en riesgo el corazón de nuestra economía: la generación de empleo formal y la competitividad de las empresas mexicanas”.
El decreto también afecta a empresas con mercancías en tránsito, las cuales han advertido que podrían cerrar sus operaciones en un lapso de cinco días si no se encuentran soluciones. La mayoría de las compañías IMMEX se localizan en la frontera norte, aunque también tienen presencia en el Bajío, el centro y el sureste del país, lo que extiende el impacto económico a regiones clave.
Humberto Martínez Cantú, presidente de INDEX, resaltó la relevancia del programa IMMEX, que genera 9 millones de empleos registrados ante el IMSS y es un motor de las exportaciones mexicanas. “Confiamos en que el gobierno comprenderá la importancia de este sector y trabajaremos juntos para garantizar que las empresas puedan seguir operando”, apuntó.
En respuesta, las cámaras empresariales han solicitado una prórroga de tres meses para la implementación del decreto y han propuesto revisar cada fracción arancelaria afectada para mitigar el impacto. Aunque el gobierno federal ha mostrado apertura para el diálogo, las empresas insisten en que se necesitan medidas concretas de corto plazo para evitar una crisis más profunda en las cadenas de valor nacionales e internacionales.
