La maniobra es sencilla en el papel y lucrativa en la práctica. Registrar combustibles con un código que no corresponde a su naturaleza, pagar menos aranceles y vender en el mercado local con una ventaja de precio. Detectar y corregir esos registros significa cortar la llave a un flujo de evasión.
“En materia de evasión fiscal de productos petrolíferos e hidrocarburos, se detectaron 2,937 casos en los que las fracciones arancelarias declaradas no correspondían a la naturaleza real de las mercancías, lo que permitió su correcta clasificación arancelaria, contribuyendo significativamente al incremento de la recaudación fiscal”, señala el documento.
El caso pone de relieve la importancia de las aduanas en un país que depende del exterior para sostener su consumo energético. “La autoridad que es la responsable del control de las importaciones es el SAT y las aduanas, que tienen que ver el pago de ciertos impuestos”, dice Arturo Carranza, consultor del sector.
México importa seis de cada diez litros de combustibles que consume. En ese volumen, cualquier irregularidad, por mínima que parezca, escala a niveles fiscales relevantes. Reclasificar cargamentos es dinero fresco para la hacienda pública.
¿El enemigo en casa?
El gobierno presume avances. En ocho meses decomisó 70 millones de litros de hidrocarburos, más de lo que se logró en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando el total fue de 46 millones, según datos de Expansión. La comparación muestra un viraje en la estrategia: más controles, más decomisos y más presión sobre las cadenas de importación.
Sin embargo, en la industria nadie da por ganado el terreno. Una fuente del sector que pidió el anonimato recordó que el problema no se limita a los papeles en la aduana. “Existe una gran red de corrupción que ha permitido desde hace varios años la importación, ingreso, uso de puertos, descarga y transportación de gasolinas y diésel en el país”, señaló.
El enemigo, advierten, también está dentro. Las investigaciones federales revelaron una red de huachicol fiscal en la que figuran empresarios, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas. Catorce personas han sido detenidas hasta ahora, incluido Manuel Farías Laguna, vicealmirante acusado de facilitar operaciones de contrabando.
La detención de un mando naval de alto rango encendió las alarmas. “No habrá impunidad”, aseguró Sheinbaum, marcando distancia con el pasado reciente en el que las investigaciones rara vez alcanzaban niveles jerárquicos tan altos.
Las investigaciones, no obstante, han tenido un costo. Abraham Pérez Ramírez, capitán de la Marina señalado de recibir sobornos, apareció muerto en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. El parte oficial lo reportó como un suicidio.
Otro marino falleció en Puerto Peñasco, Sonora, durante una prueba de tiro que terminó en accidente. El gobierno instruyó revisar ambos casos, ante la sospecha de que la presión del combate al huachicol fiscal también dejó víctimas dentro de las instituciones.
"No hay vuelta atrás"
La trazabilidad de los combustibles, un tema hasta hace poco secundario, se coloca en el centro del debate. La meta oficial es seguir cada litro desde que cruza la frontera hasta que llega al consumidor final. La digitalización de procesos en aduanas busca acelerar esa trazabilidad y cerrar las puertas a la evasión.
“El tema de la trazabilidad es fundamental para darle claridad a la internación de combustibles. Yo creo que es natural que existieran ciertas lagunas en la regulación, pero es lo que se está tratando de resolver en esta nueva ley del sector de hidrocarburos”, dijo Carranza.
El desafío es mantener la vigilancia en un mercado dinámico. Nuevos actores entran y salen del negocio de importación, y no siempre con los mismos estándares. La experiencia reciente muestra que la falta de regulación abre espacio para prácticas que después resultan costosas de erradicar.
“Yo creo que el gobierno ya tomó una decisión sobre este tema (del huachicol fiscal), destapó una coladera que es un problema muy grande y ahora la coyuntura es tanta que no hay manera de dar vuelta atrás. Entonces no queda más que afrontar un problema que es muy grande”, puntualizó Carranza.
