La CRT les informó recientemente que no recibirán liquidación porque firmaron el documento de baja el 16 de octubre pasado. Para los extrabajadores, ese argumento desconoce el carácter de la notificación, que no implicaba renuncia voluntaria ni desistimiento de derechos laborales, sino únicamente la formalización de la extinción del IFT y el acceso al pago del seguro de ahorro.
“La CRT nos comunicó que no se realizará el pago prometido por haber firmado la hoja de baja, un documento que no significaba una renuncia y mucho menos de derechos laborales. El papel iba a causar efecto lo recibiéramos o no por la extinción del Instituto”, aseguró Luz Guerrero, representante del movimiento IFT 133.
La Comisión Reguladora dijo que el tema ahora deberá solucionarse en tribunales laborales, ya que no es posible continuar con la mediación con Hacienda debido a que los extrabajadores decidieron firmar su baja ante el extinto organismo para acceder a su seguro de separación.
“Varios de los extrabajadores decidieron desistirse de la exigencia de liquidación, por lo que el número de integrantes se redujo de 133 a 89”, destacó la dependencia en un comunicado de prensa publicado tras la manifestación de los extrabajadores.
La ruptura en la transición regulatoria
Por ahora, la liquidación quedó invalidada pese a que, durante la transición, personal de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —ahora integrado a la CRT— se comprometió a elaborar una solicitud formal ante la Secretaría de Hacienda para liberar los recursos. La dependencia hacendaria asumió el rol de fideicomitente del Fondo de Infraestructura y Equipamiento, integrado por 2,560 millones de pesos al segundo trimestre del año.
Ese fondo debía financiar las indemnizaciones tras la extinción del IFT, pero el proceso se fracturó desde el 5 de septiembre, cuando el Instituto publicó un acuerdo que excluía a los trabajadores de libre designación del pago correspondiente a tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio. El argumento dado fue que dichos colaboradores no obtuvieron su puesto por concurso y no ocupaban cargos de confianza.
Los afectados responden que la figura de libre designación fue una emisión del propio Instituto para cubrir funciones técnicas esenciales. El 26 de septiembre entregaron una carta a la Unidad de Administración, al área de Gestión de Talento y al Órgano Interno de Control, donde demostraron la legalidad de su derecho a indemnización.
El documento citaba una respuesta previa de la Unidad de Administración en transparencia, en la que se afirma que “todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral del Instituto serán considerados trabajadores de confianza debido a la naturaleza de sus funciones”, además de formar parte del Servicio Profesional del IFT. Pese a ello, ningún pago ha sido liberado.
Un conflicto laboral que escala
La situación se complicó cuando la hoja de notificación de extinción prevista para surtir efecto el 30 de septiembre quedó desfasada por los tiempos de la transición con la CRT. El IFT había liquidado a la mayoría de su personal, pero tuvo que recontratar a unas 450 personas bajo figuras eventuales desde el primero de octubre, con fecha de término indefinida, para no detener la operación del sector.
En ese contexto, los 133 trabajadores de libre designación quedaron varados: ni fueron recontratados ni recibieron liquidación. Tampoco obtuvieron claridad sobre los pasos siguientes. La comunicación con la CRT se cerró sin aviso formal, según denunciaron.
El grupo sostiene que la omisión contradice los principios de la administración federal. “Esta omisión contradice directamente los principios que Morena ha enarbolado desde sus orígenes: justicia social, protección a los más vulnerables designación del servicio público y combate a la arbitrariedad estatal”, señala el documento que enviaron a la CRT.
Más allá de la disputa jurídica, los extrabajadores insisten en que su trabajo permitió sostener la regulación de un sector indispensable para la economía, como lo es telecomunicaciones y radiodifusión. Muchos acumularon en promedio ocho años de trayectoria en áreas técnicas y de supervisión.
La falta de indemnización tampoco se corresponde —afirman— con el compromiso inicial de la CRT de revisar el caso con Hacienda. Esa coordinación era, hasta hace unas semanas, la principal expectativa para destrabar los pagos.
Al no concretarse, el grupo recurrió a la protesta pública. Los inconformes advierten que no abandonarán el reclamo. Argumentan que su estatus laboral, la naturaleza de sus funciones y la existencia del fondo deben ser suficientes para reactivar el proceso de indemnización.
Mientras tanto, continúan a la espera de una respuesta formal de la CRT. Aseguran que el cierre comunicativo ha sido total y que no existen reuniones programadas, pese a que el proceso de transición regulatoria sigue en marcha.
