El cálculo implica evaluar si será necesario contratar más personal, invertir en tecnología o absorber mayores pagos por tiempo extraordinario en el corto plazo y la consecuencia es una inacción generalizada.
El 72.7% de las empresas se encuentra en parálisis táctica, esto es, que conocen el cambio, han seguido la discusión, pero no han iniciado ajustes. Solo 18% se considera listo para avanzar.
El problema, dice el ejecutivo, es que muchas parten de una base más compleja de lo que marca la ley. El 71% reconoce que depende de horas extra de forma recurrente para sostener su operación. En estos casos, la transición no será de 48 a 40 horas, sino desde jornadas más largas que ya se han normalizado.
Ahí es donde el costo deja de ser una estimación y se convierte en una tensión real. Reducir la jornada sin ajustar esa dependencia puede elevar gastos de nómina, ya sea por la necesidad de contratar más personal o por el pago de tiempo extraordinario en esquemas más controlados.
“En muchos casos el tiempo extraordinario ya forma parte del ingreso habitual del trabajador. Modificarlo implica revisar cómo se va a compensar ese ingreso dentro de las nuevas condiciones”, explicó Jacqueline Álvarez, socia del área laboral de EY México.
A esto se suma la espera de reglas más claras. Aunque la reforma constitucional fue publicada, aún falta la adecuación de la Ley Federal del Trabajo, para esto el Congreso tiene 90 días para publicar la legislación secundaria y ese plazo empieza a correr desde la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 3 de marzo de 2026.
Ahora bien, esa expectativa ha llevado a muchas empresas a posponer decisiones, bajo la idea de que habrá lineamientos más específicos sobre cómo implementar el cambio.
“Hoy ya existe una reforma constitucional. Falta la ley secundaria, pero las bases están definidas y las empresas tienen que empezar a prepararse desde ahora”, señaló Alejandro Caro, socio de EY en el área laboral.
Sin embargo, la reducción de la jornada laboral iniciará el 1 de enero de 2027 con un primer ajuste a 46 horas semanales, como parte de un esquema gradual que se extenderá hasta 2030.
Por lo tanto, EY advierte que el escenario no llegará en la forma que esperan. Las empresas tendrán que definir por sí mismas cómo reorganizar su operación, mientras tanto, el costo de no actuar también crece.
El estudio identifica un efecto en cadena donde los ajustes reactivos elevan los gastos, la falta de planeación desordena la operación y ese desequilibrio termina por impactar en la rotación de talento y en la confianza dentro de las organizaciones.
