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Las baterías llegan a la red eléctrica, pero su modelo de negocio sigue pendiente

Los sistemas de almacenamiento prometen estabilizar la red, atender picos de demanda y acelerar renovables, pero desarrolladores cuestionan que aún deban operar bajo reglas diseñadas para generación tradicional.
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La incorporación de baterías ya eleva el costo de nuevos proyectos eléctricos, mientras especialistas advierten que aún no existen mecanismos claros para pagar los servicios que ofrecen. (Cortesía )

La promesa del almacenamiento energético en México ya tiene reglas, metas oficiales y proyectos en puerta. Lo que aún no tiene es un precio claro para los servicios conexos que puede prestar al sistema eléctrico. Ese vacío regulatorio comienza a convertirse en uno de los principales puntos de fricción para desarrolladores, especialistas y empresas que buscan integrar baterías a nuevos proyectos de generación.

La incorporación obligatoria de sistemas de almacenamiento está modificando la estructura financiera de los proyectos eléctricos. Lo que hace pocos años implicaba inversiones cercanas a un millón de dólares por megawatt instalado, ahora puede elevarse hasta 1.7 millones de dólares por megawatt cuando se consideran baterías asociadas, explicó Guillermo García Alcocer, académico del ITAM y expresidente de la Comisión Reguladora de Energía.

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El incremento de costos ocurre mientras persiste la discusión sobre cómo remunerar las funciones adicionales que puede desempeñar esta tecnología más allá de almacenar electricidad.

“En el momento en que tengamos mapeado el costo de los servicios conexos, que no es un tema fácil. Se han identificado más de 30 servicios que pudiera dar el almacenamiento (…) es una serie de servicios que tendrían que ser remunerados porque el sistema lo valora”, afirmó García Alcocer.

¿Por qué almacenar energía cuesta cada vez más?

La discusión no gira únicamente alrededor de guardar energía para utilizarla más tarde. Los sistemas de baterías pueden ofrecer servicios auxiliares para estabilizar la red, responder ante emergencias de demanda o ayudar al operador eléctrico a equilibrar el sistema en tiempo real.

Uno de esos mecanismos es la demanda controlable: la capacidad de un sistema para aumentar o disminuir instantáneamente la energía que entrega a la red según las necesidades operativas.

“Si te dicen: el sistema está horrible, hay que soltar un poco más de energía a la red, pues se baja y el hecho de poder hacer hacer eso se paga. Prender una batería es un servicio conexo que atiende un problema en la red, es una respuesta que se puede dar en nanosegundos y entregar energía al sistema en el momento en que se necesita y eso es una reserva de energía maravillosa que no te da una central de ciclo combinado”, explicó David Rosales, socio de Elevation Ideas.

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Reglas y tarifas propias

La discusión regulatoria se volvió más relevante desde que la Secretaría de Energía incorporó formalmente al almacenamiento dentro de la planeación eléctrica nacional. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2028 se fijó una meta de 8,412 megawatts de capacidad instalada en sistemas de almacenamiento para fortalecer la confiabilidad del sistema, apoyar la integración de energías limpias y reducir emisiones.

Ese objetivo comenzó a aterrizarse el pasado 16 de abril con la publicación de las disposiciones administrativas de carácter general para almacenamiento, donde se establecieron los criterios bajo los cuales deberán integrarse estos sistemas, especialmente cuando estén asociados a centrales renovables.

Sin embargo, especialistas consideran que la regulación todavía mantiene a las baterías bajo una lógica centrada en generación eléctrica y no como una actividad con valor propio.

“Básicamente se trata de tener una tarifa especial para los sistemas de almacenamiento por su disponibilidad de entregar energía en cualquier momento que se requiera”, señaló Rosales.

Actualmente, explicó, los proyectos de almacenamiento deben participar en el mercado bajo esquemas similares a los de generación convencional, vendiendo energía cuando los precios son más altos, sin una remuneración diferenciada por la disponibilidad o velocidad de respuesta que ofrecen.

“Eso es lo que todavía no tenemos en la regulación específica, el almacenamiento tiene que jugar como si fuera generación, vende energía en un precio más alto”, destacó.

¿Puede el almacenamiento sustituir parte de la infraestructura pendiente?

La falta de tarifas específicas tiene consecuencias directas sobre la estructura financiera de los proyectos. Cuando el almacenamiento no puede monetizar sus servicios de forma independiente, los desarrolladores incorporan el costo completo de las baterías dentro de la inversión inicial de las centrales.

Ese mecanismo presiona el CAPEX de proyectos renovables justo cuando la política energética busca acelerar nuevas inversiones.

“En lugar de que sea un servicio que se paga directo porque tiene su propio giro, se tiene que meter en los costos y se tiene que cobrar. Debería ser un servicio adicional y tener su propia tarifa”, aseguró Rosales.

Además de responder a variaciones de demanda, los especialistas consideran que las baterías podrían ayudar a diferir inversiones en infraestructura eléctrica. Proyectos de transmisión suelen requerir entre cinco y ocho años para entrar en operación, mientras que sistemas de almacenamiento podrían utilizarse para gestionar contingencias o absorber picos temporales de consumo.

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