Los retos del sector eléctrico mexicano frente a la CFE y la IP

Entre la reforma energética, que entró en vigor en marzo de 2025, y las nuevas regulaciones que de ella desprenden, como lo es la Ley del Sector Eléctrico y sus normativas secundarias, se busca alcanzar múltiples objetivos particulares: garantizar el acceso a la energía, la atracción de inversiones, la reducción de emisiones, mejoras en la eficiencia energética, promover el crecimiento económico sostenible y equilibrar el control estatal con la participación de privados, todo esto en medio de una carrera global energética de rápida evolución.

Parte de los ejes rectores de la nueva política energética es que el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberá tener garantizada, al menos, el 54% de la energía que se inyecta a la red como cuota mínima para el estado que le garantice

Desarrollo clave

Parte de las necesidades claves del sistema eléctrico mexicano que observa el instituto es el desarrollo de infraestructura como las redes eléctricas, lo cual es fundamental para cualquier otra mejora que busque impulsarse en el sector, pues actualmente en muchas regiones del país operan de manera tensa al no tener ya capacidad para transportar energía.

Ante las complejidades con las que opera el país, garantizar la confiabilidad del sistema es una tarea indispensable, y para ello el almacenamiento se ha vuelto fundamental. La variabilidad de las energías renovables como la solar y la eólica –que producen únicamente durante los periodos donde el recursos del sol o el viento están disponibles– requiere aprovecharlas al máximo almancenando toda la energía pueden generar para utilizarse en horas en las que la demanda es mayor; además de ser un respaldo en momentos de emergencia en el sistema, por ejemplo, que haya alguna contingencia en alguna central de generación o un recurso meteorológico que dañe las redes.

Otra parte clave es la reorganización institucional. Por un lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue sustituida por la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyas funciones se integran bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener), sin el grado de autonomía que tenía bajo el régimen anterior. Por otro lado, la CFE deja de estar sujeta a la estricta separación legal de subsidiarias independientes que imponía la extinta Ley de la Industria Eléctrica, mientras que los participantes privados deben mantener la separación de actividades entre generación y suministro.

La nueva regulación elimina completamente la posibilidad de que las empresas privadas participen en la transmisión y distribución de la energía, actividades que bajo la LIE podían realizar mediante contratos de asociación o prestación de servicios.

Esquemas público-privados

Con una CFE como rectora del sector eléctrico del país, la cual debe materializar las políticas públicas en la materia, así como principal inversionista en el sector, con la garantía de mantener una cuota de, al menos, el 54% del mercado, los esquemas de participación que se puedan desarrollar con los inversionistas privados son indispensables.

Inicialmente se contemplan esquemas de desarrollo mixto como lo son la producción de largo plazo, que no es más que un contrato como el de los productores independientes de energía de la extinta Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde in privado construye una central y la energía que se produce se vende de manera exclusiva a la CFE.

Otro más es la inversión mixta, donde la CFE debe mantener al menos el 54% de la participación directa o indirecta en los proyectos de generación eléctrica; y por último cualquier otro esquema que defina el reglamento, incluyendo los proyectos en los que hay financiamiento público, como los que resultaron de la compra de los activos de Iberdrola en la administración del ex presidente Andres Manuel López Obrador.

Además de la flexibilidad que genera el almacenamiento, se puede convertir en un buen esquema de negocio público-privado, en el que las empresas invierten en almacenamiento en baterías y revenden energía en horas pico al sistema eléctrico que es manejado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El gran reto

La entrada en vigor de la actual administración plantea retos significativos en los ámbitos regulatorio, operativo y financiero, así como oportunidades para consolidar un sector eléctrico resiliente y alineado con los objetivos nacionales.

“Uno de los principales desafíos será generar certidumbre regulatoria y confianza para la inversión privada, en especial para proyectos de generación limpia y tecnologías innovadoras. La centralización de la planeación y la redefinición de reglas pueden provocar incertidumbre entre los actores privados, si no se establecen mecanismos claros, transparentes y predecibles para la evaluación de proyectos y la asignación de permisos”, asegura el Instituto de las Américas.

También se requiere trabajar en el fortalecimiento institucional, desde la consolidación de la CNE, la reconfiguración de la CFE como empresa pública con cambios en sus capacidades técnicas, administrativas y de gestión, todo bajo principios de eficiencia, transparencia y coordinación institucional para la correcta operación del mercado eléctrico mayorista y la integración de nuevas tecnologías.

En materia de transición energética, se plantea la integración masiva de energías limpias y reducción de emisiones para cumplir con los compromisos internacionales del país, pero para lograrlo se necesita alinear varios frentes como almacenamiento, redes inteligentes, actualización de la regulación técnica y tarifaria, nuevos modelos de negocio e inversiones sustanciales.

“La confiabilidad y sostenibilidad del suministro eléctrico también representan desafíos importantes”, sostiene el estudio. “El fortalecimiento de la CFE como actor central implica expandir y modernizar la infraestructura, reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio, sobre todo en regiones históricamente rezagadas”. Para ello es necesario equilibrar la rectoría estatal con la participación privada para potenciar la innovación, eficiencia y sostenibilidad del sector.

La planeación y la ejecución de proyectos estratégicos también requerirán capacidades técnicas especializadas y una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y los actores del sector.

Finalmente, el Instituto Mexiano para la Competitividad (IMCO) también señaló que el nuevo Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico prevé que la demanda eléctrica nacional tenga un crecimiento sostenido, por lo que es necesario buscar todos los esquemas que garanticen el suministro energético en los futuros años.

“Su éxito tiene como condición indispensable contar con mecanismos que permitan al Gobierno Federal aprovechar el capital privado para alcanzar sus objetivos. Ante la restricción presupuestaria, la viabilidad del plan energético dependerá de crear un entorno favorable a la inversión, lo que implica garantizar procesos de asignación claros, definir la estrategia para la capacidad restante y ejecutar a tiempo los proyectos de transmisión que permitirán integrar la nueva generación”, concluye el IMCO.