Además, se acordó un pago especial durante los primeros 15 días de julio, mediante el cual se reintegrarán los recursos que dejaron de percibir durante los últimos meses como consecuencia de la reforma que redujo el monto de las pensiones de los extrabajadores.
Durante las reuniones sostenidas entre representantes de los jubilados, dirigentes de las asociaciones, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y personal de Capital Humano de Pemex, se determinó dar marcha atrás a las restricciones que impedían que algunas pensiones superaran ciertos montos establecidos tras la reforma.
“Nuestra representación expuso de manera firme las afectaciones económicas, sociales y jurídicas que ha provocado la reducción de las pensiones, así como las preocupaciones relacionadas con la retroactividad de la medida y la vulneración de derechos adquiridos”, señaló Víctor Manuel Vázquez Zárate, presidente de la Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex, en una misiva.
Pese al acuerdo alcanzado, las organizaciones afirmaron que se trata únicamente de un avance parcial y no de una solución definitiva a sus demandas. Los jubilados aseguraron que continuarán impulsando acciones para evitar la aplicación retroactiva de la reforma y garantizar la protección plena de sus derechos adquiridos.
Un acuerdo que revierte los recortes
La reforma al sistema de pensiones, aprobada a inicios de año, estableció que las pensiones de trabajadores jubilados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fueran iguales o superiores al ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum debían ajustarse significativamente.
La medida se implementó en un contexto en el que millones de mexicanos ajenos a las empresas productivas del Estado enfrentan condiciones laborales y de retiro complejas, una situación que los propios jubilados de Pemex han reconocido públicamente.
La modificación al artículo 127 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fijó nuevos límites para las percepciones financiadas con recursos públicos. En la práctica, la reforma implicó reducciones de hasta casi la mitad para algunas de las pensiones más elevadas.
Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de abril, se estableció que ninguna persona podría recibir una pensión superior a aproximadamente 70,000 pesos mensuales, monto equivalente a la mitad de la remuneración de la titular del Poder Ejecutivo.
