La medida llega en un momento crítico. Al 25 de junio, apenas 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía 98 millones de líneas pendientes de vinculación.
El gobierno federal ha defendido el registro al argumentar que asociar cada número telefónico con la identidad de su titular permitirá combatir delitos como la extorsión y otras conductas ilícitas cometidas a través de teléfonos móviles.
Pero la decisión de la CRT de establecer fechas diferenciadas para el cumplimiento del registro ha despertado cuestionamientos entre especialistas en telecomunicaciones.
Cuestionamientos legales al calendario escalonado
Adolfo Cuevas, experto en el sector y excomisionado presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consideró que la prórroga, al estar condicionada a un calendario específico, podría contravenir la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión .
El cuestionamiento se centra en el artículo transitorio trigésimo de la legislación, el cual establece un plazo de 120 días hábiles para que los usuarios regularicen sus líneas antes de que éstas queden limitadas únicamente a llamadas de emergencia, sin contemplar fechas diferenciadas de cumplimiento según la terminación del número telefónico.
Para Cuevas, el nuevo esquema genera un trato desigual entre usuarios y aumenta el riesgo de que millones de líneas no alcancen a completar el proceso antes de su fecha límite, especialmente aquellas cuyo número termina en cero y que deberán registrarse antes del próximo 15 de agosto.
El especialista consideró que el plazo resulta insuficiente ante la persistente falta de información y la incertidumbre que rodea al procedimiento.
“Este nuevo criterio no es realista. Queda claro que falta información, incentivos, mecanismos para generar confianza en los usuarios, antes que simplemente amenazarlos con perder un derecho constitucional a la expresión, comunicación y acceso a información”, advirtió el exfuncionario del IFT.
Hasta ahora, la CRT no ha explicado públicamente los criterios jurídicos y operativos que sustentaron la decisión de establecer una prórroga mediante un calendario escalonado.
Expansión solicitó información a la autoridad regulatoria sobre los argumentos que motivaron el nuevo esquema y el análisis que permitió concluir que era el mecanismo adecuado, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Fuentes con conocimiento del tema aseguraron a Expansión que la prórroga anunciada por la Comisión aún no había sido discutida ni aprobada formalmente por el Pleno del regulador, un paso necesario para que la medida tenga efectos jurídicos, aunque se prevé que sea avalada en las próximas horas.
Posteriormente, la modificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para oficializar la ampliación del plazo de registro.
