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Tope a combustibles deja al descubierto las desconexiones logísticas en los extremos del país

Aunque a nivel nacional más de ocho de cada 10 estaciones respetan los precios objetivo de gasolina y diésel, la falta de terminales y el mayor costo del transporte mantienen rezagados a estados alejados.
La mayoría de los estados en México cumplen con el pacto de precio de combustibles, excepto dos
El pacto al diésel tiene un porcentaje de cumplimiento del 83% a nivel nacional. (Diana Gante)

Los estados más alejados de la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles son también los que presentan los menores niveles de cumplimiento de los pactos voluntarios impulsados por el gobierno federal para mantener el precio de la gasolina regular y el diésel dentro de los niveles objetivo.

Un análisis de PetroIntelligence, con corte al 20 de julio, muestra que Quintana Roo es la entidad con el menor cumplimiento del país. De las 276 estaciones de servicio con permisos vigentes, apenas 10% vende gasolina regular en el precio objetivo de 24 pesos por litro, mientras que solo 3% comercializa diésel en el nivel acordado de 27 pesos por litro.

El segundo estado con menor cumplimiento es Baja California Sur. De sus 198 estaciones con permisos vigentes, únicamente 31% respeta el precio objetivo de la gasolina regular y apenas 13% cumple con el acuerdo para el diésel.

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A nivel nacional, el panorama es distinto. De las 14,322 estaciones de servicio con permisos vigentes y en operación, 88% cumple con el precio objetivo para la gasolina regular y 83% hace lo propio en el caso del diésel.

La infraestructura explica el rezago

Para Alejandro Montúfar, CEO de PetroIntelligence, la principal explicación del bajo cumplimiento en entidades como Quintana Roo y Baja California Sur está en la falta de infraestructura logística.

“Los menores porcentajes están en las zonas más alejadas y en las zonas donde no hay terminales o la infraestructura no es suficiente”, explicó en entrevista.

El especialista señaló que Quintana Roo carece de terminales de almacenamiento de Pemex, por lo que el combustible debe transportarse desde Yucatán, incrementando el costo del flete.

“Esto influye en los precios de mayoreo y eleva el flete. A Quintana Roo tienen que enviarles desde Yucatán, y ahí debe haber otras condiciones (para tener bajo cumplimiento), pero al final es muy claro que Quintana Roo depende de la distribución, que suma un costo adicional”, añadió.

Montúfar explicó que las estaciones enfrentan condiciones distintas dependiendo de su esquema de suministro. Aquellas que compran combustible distinto al de Pemex suelen enfrentar precios de mayoreo más elevados, lo que limita su capacidad para vender al precio objetivo sin afectar sus márgenes.

También existen estaciones cuya fuente de abastecimiento fue reubicada, elevando los costos de transporte, así como regiones donde la infraestructura logística ha sido insuficiente desde hace años, lo que incrementa permanentemente los costos de operación.

“No todas las estaciones de servicio tienen la posibilidad de cumplir con el precio objetivo sin incurrir en pérdidas”, aseguró.

Entidades como Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz registran niveles de cumplimiento de 99% en la venta de gasolina regular bajo el precio objetivo.

Para el diésel, cuyo costo es mayor y representa un insumo clave para el transporte de carga, los porcentajes son más moderados. Ciudad de México y Colima alcanzan 98% de cumplimiento, seguidos por Estado de México, Querétaro y Tamaulipas, con 96%.

El gobierno federal impulsó estos pactos voluntarios con el objetivo de reducir el impacto del precio de los combustibles sobre los consumidores. El acuerdo fija un precio objetivo de 24 pesos por litro para la gasolina regular y de 27 pesos para el diésel.

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Un acuerdo voluntario, no un precio máximo

El directivo enfatizó que el mecanismo no constituye un control de precios ni un precio máximo obligatorio, sino un precio objetivo derivado de acuerdos voluntarios entre el gobierno y empresarios gasolineros.

El pacto para la gasolina regular, vigente desde marzo de 2025, sí fue formalizado mediante la firma de un documento entre autoridades y representantes del sector.

En cambio, el acuerdo para el diésel, aplicado desde marzo de este año, se mantiene como un compromiso verbal entre las partes, por lo que no implica una obligación legal para las estaciones de servicio.

Pese a ello, el gobierno ha incrementado la presión pública sobre los establecimientos que operan por encima de los precios objetivo. En un inicio, la Profeco colocó lonas en estaciones donde advertía a los consumidores que evitaran cargar combustible porque “se pasan con los precios”.

La estrategia evolucionó la semana pasada con la publicación de un listado semanal que identifica a las estaciones fuera del margen de cumplimiento, incluyendo su ubicación, razón social y número de permiso, aun cuando el propio esquema reconoce el carácter voluntario de los acuerdos.

El endurecimiento de estas medidas ocurre en un contexto en el que los importadores privados enfrentan mayores dificultades para competir frente a Pemex, debido al incremento internacional de los combustibles y a las condiciones bajo las que opera el mercado mexicano, lo que añade presión sobre las estaciones que no se abastecen de la empresa estatal.

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