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Puebla concentra 53% del huachigás en México y las tomas clandestinas crecen 35%

Con 157 perforaciones en el trimestre, la entidad lidera el robo de gas LP mientras el delito mantiene presión sobre la infraestructura energética nacional.
Puebla gana el primer lugar en huachigás: tiene más de la mitad de tomas clandestinas en todo el país
Las tomas clandestinas de gas LP no solo ponen en riesgo la vida de quienes las hacen y manipulan, también de la población que está a su alrededor. (MARCO ANTONIO MARTINEZ/AFP)

Puebla se consolidó como el principal foco del huachigás en México durante el primer trimestre del año, al concentrar más de la mitad de las tomas clandestinas de gas LP registradas en el país, en un contexto donde este delito mantiene una tendencia al alza y continúa representando riesgos para la seguridad pública, el suministro energético y las comunidades cercanas a los ductos.

Entre enero y marzo se detectaron 157 perforaciones ilegales en gasoductos de la entidad, lo que equivale a una toma clandestina cada 13 horas con 57 minutos, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM.

La cifra representa un incremento de 35.3% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 116 tomas ilegales.

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El Estado de México ocupó la segunda posición nacional con 79 tomas clandestinas, un crecimiento de 43.6% frente a las 55 registradas un año antes. En tercer lugar se ubicó Veracruz, con 23 perforaciones ilegales, 35.2% más que las 17 reportadas en el primer trimestre del año pasado.

En total, el reporte del IGAVIM identifica la presencia de este delito en 11 entidades, aunque la mayor concentración se mantiene en tres estados.

“Puebla registró el mayor número de tomas clandestinas en ductos de gas LP durante este periodo, al concentrar el 52.51% del total nacional, seguido por el Estado de México y Veracruz”, señala el observatorio en su reporte.

El huachigás mantiene una tendencia al alza

El llamado huachigás consiste en la perforación y extracción ilegal de gas LP de los gasoductos para su comercialización en un mercado ilícito. Además de representar pérdidas económicas, la actividad implica un alto riesgo de explosiones, incendios e intoxicaciones debido al manejo del combustible sin protocolos de seguridad.

A nivel nacional se registraron 299 tomas clandestinas entre enero y marzo del año, lo que equivale a una nueva perforación cada siete horas con 19 minutos.

Por mes, las cifras muestran 96 tomas en enero, 91 en febrero y 112 en marzo, reflejando una tendencia ascendente durante el trimestre.

No obstante, el volumen aún se mantiene por debajo de las 401 tomas clandestinas registradas durante el cuarto trimestre de 2025, periodo en el que este delito alcanzó uno de sus niveles más elevados.

“Aunque este delito solo presenta registros en ocho entidades, es importante analizar los impactos acumulativos que genera en los delitos de alto impacto en los estados vecinos, así como el papel que desempeña para dar estabilidad a las economías delictivas”, señala el informe del IGAVIM.

El ducto Cactus-Tula-Guadalajara concentra el problema

Para Susana Cazorla, directora y socia fundadora de SICEnrgy, el fenómeno se concentra principalmente en el gasoducto Cactus-Tula-Guadalajara, uno de los sistemas de transporte de gas LP más importantes del país.

La especialista explicó que las perforaciones clandestinas provocan constantes interrupciones operativas debido a la pérdida de presión en el ducto.

“El ducto tiene paros constantes porque un día detectan una toma clandestina en un tramo y al siguiente aparece otra en un punto distinto. La pérdida de presión obliga a detener la operación por secciones. Es un problema permanente: las tomas clandestinas no han desaparecido, simplemente cambian de ubicación. En algunas zonas disminuyen, en otras aumentan, pero en conjunto el primer trimestre de este año muestra un incremento respecto al mismo periodo del año pasado”, señaló en entrevista.

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Explosiones y evacuaciones reflejan el riesgo

Las tomas clandestinas no solo afectan la infraestructura energética, sino que también representan un riesgo para las comunidades cercanas.

El 4 de junio, en Tepeaca, Puebla, explotaron cuatro pipas de gas LP en predios utilizados para el almacenamiento y trasiego ilegal del combustible, un incidente que puso en riesgo a más de 2,000 personas.

Días después, el 10 de junio, Pemex atendió una fuga en un gasoducto del municipio de San Matías Tlalancaleca, también en Puebla, ocasionada por una toma clandestina. El incidente obligó al desalojo de 120 personas.

Ante este tipo de eventos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda reportar de inmediato cualquier señal asociada a una posible fuga, como olor intenso a gas, silbidos provenientes de ductos, nubes generadas por la evaporación del combustible o zonas con vegetación y fauna muerta.

El combate enfrenta limitaciones de seguridad

Aunque Pemex dispone del sistema de monitoreo Scada, que detecta en tiempo real cambios de presión y flujo en los ductos, la respuesta operativa enfrenta limitaciones por las condiciones de seguridad en las zonas donde actúan grupos delictivos.

Cazorla explicó que la vigilancia resulta insuficiente frente a organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de combustibles.

“Los trabajadores no pueden enfrentarse a grupos del crimen organizado ni arriesgar su vida. En otros casos, las autoridades llegan y encuentran a mujeres o familias, por lo que tampoco actúan. A esto se suma que el monitoreo con drones y las labores de vigilancia de Pemex son insuficientes. Es una combinación de factores que hace muy complejo combatir el huachigás”, aseguró.

La especialista consideró que la combinación de vigilancia tecnológica, operativos de seguridad y presencia del crimen organizado explica por qué, pese a los mecanismos de monitoreo existentes, las tomas clandestinas continúan registrando niveles elevados y se desplazan entre distintas regiones del país.

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