La primera batalla fue contra los litros que no cuadraban
Esta estrategia no sustituye a los controles volumétricos, que continúan vigentes y constituyeron uno de los principales instrumentos utilizados por las autoridades fiscales para combatir las irregularidades en el mercado de combustibles.
Los controles volumétricos surgieron formalmente en 2018, con la publicación del Anexo 30 de la Miscelánea Fiscal del SAT. Su objetivo es registrar el volumen de entrada, salida y existencia de hidrocarburos y petrolíferos desde su importación o salida de las refinerías de Pemex hasta su venta al público.
Para cumplir con estas obligaciones, las empresas deben contar con equipos y sistemas informáticos especializados capaces de medir los volúmenes y generar los reportes que posteriormente se entregan al SAT.
El principio es sencillo. Si una pipa llega a una gasolinera con 10,000 litros, el sistema de la estación debe registrar la entrada de esos mismos 10,000 litros. La diferencia entre el volumen documentado y el físicamente recibido puede convertirse en una señal de alerta para la autoridad.
La obligación se ha ampliado con el tiempo y ahora también alcanza a otros participantes que almacenan o utilizan combustibles o gas natural para consumo propio, conocidos como autoconsumos.
Para Díaz, los controles implementados hasta ahora sí han tenido un efecto sobre el mercado formal.
“Desde que empezaron estas medidas, los que operan dentro de la legalidad han podido subir sus ventas de combustibles, porque hay menos producto ilegal disponible y menos gente dispuesta a hacerlo porque no se quieren arriesgar, sí ha servido pero siguen las anomalías y no ha logrado acabarse”, puntualizó.
Sin embargo, el gobierno busca ahora complementar esa medición física con información fiscal que permita seguir la operación más allá del volumen.
El tamaño del problema
La dimensión económica del huachicol fiscal y convencional explica el endurecimiento de la estrategia. En octubre del año pasado, Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, señaló que el daño al erario, únicamente por los casos reportados y bajo investigación, alcanzaba los 600,000 millones de pesos.
El gobierno también ha identificado irregularidades en las operaciones de comercio exterior. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, se detectaron 3,109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en petrolíferos e hidrocarburos, que fueron reclasificados con el objetivo de fortalecer la recaudación. El documento no especifica el monto recuperado o evitado por estas acciones.
En el caso del robo físico de combustibles, Pemex reportó al cierre del segundo trimestre de 2026 un daño por 9,180 millones de pesos debido a la sustracción ilegal de hidrocarburos.
Las cifras corresponden a dimensiones distintas del problema, pero muestran el impacto que tiene el mercado ilegal sobre las finanzas públicas y sobre las empresas que operan dentro de la regulación.
La nueva etapa plantea, por tanto, una vigilancia más amplia sobre la cadena. El gobierno busca que el combustible ilegal no pueda encontrar refugio detrás de una razón social, una factura o una operación fiscal que aparente ser legítima.
