El problema representa un doble golpe para Pemex, ya que además del valor de los productos que son sustraídos, la empresa enfrenta una menor disponibilidad de combustibles y la competencia de un mercado paralelo que opera fuera de los canales legales de comercialización.
Para Marcial Díaz Ibarra, socio de la consultora QUA Energy, la magnitud de las pérdidas permite dimensionar el impacto que tiene el huachicol sobre las finanzas de la petrolera. El especialista estima que el daño equivale a alrededor de 100 millones de pesos diarios.
“Es una cifra que asusta a cualquiera. Y no solo es lo de Pemex, existe otra pérdida que no se está viendo que es la recaudación del IVA y el IEPS, porque al final todo lo que es sustraído de manera ilegal no causa impuesto, y como gobierno se deja de percibir”, apuntó.
Más tomas clandestinas en los ductos
El deterioro en las pérdidas ocurre mientras los registros de tomas clandestinas muestran un repunte del robo tradicional de combustibles, basado en la perforación de ductos de Pemex.
Datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) muestran que durante los primeros tres meses del año se detectaron 2,563 tomas clandestinas en ductos, un incremento de 8.6% frente a las 2,358 registradas en el último trimestre de 2025.
Esto significa que, en promedio, se localizó una nueva toma ilegal cada 51 minutos y 27 segundos.
El llamado huachicol convencional consiste en perforar los ductos utilizados para transportar combustibles y extraer ilegalmente el producto para después incorporarlo a un mercado paralelo. La distribución no se limita a puntos de venta clandestinos en carreteras, sino que también puede llegar a empresas con grandes flotas vehiculares y convertirse en una fuente adicional de financiamiento para organizaciones criminales.
Los principales focos de este delito se concentran en Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Nuevo León.
El repunte ocurre además en un contexto en el que las autoridades han reforzado las medidas contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad que consiste en introducir y comercializar combustibles mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal.
