Los operadores pueden deducir costos de insumos como torres, servidores, routers, switches, cables y enlaces punto a punto, entre otros equipos necesarios para desplegar sus redes. El beneficio puede llegar hasta 91% del costo de inversión en bienes nuevos de activo fijo en el mismo ejercicio fiscal, dependiendo del tipo de bien y de la actividad económica.
El estímulo aplica para inversiones realizadas entre 2025 y el 30 de septiembre de 2030.
La medida representa un giro respecto al enfoque que prevaleció durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la ampliación de la conectividad fue planteada principalmente como una tarea del Estado a través del programa Internet para Todos .
López Obrador llegó a comparar ese proyecto con la nacionalización de la industria eléctrica, bajo la premisa de que el gobierno debía encabezar la expansión del acceso a internet y de la infraestructura de telecomunicaciones en las comunidades más apartadas del país.
Pero llevar esa estrategia a la práctica ha resultado complejo. El programa, ahora bajo el mando de la matriz de la CFE, enfrenta cambios en su ejecución y concentra esfuerzos en la instalación de puntos wifi en espacios de salud y centros escolares, más que en el despliegue de infraestructura en zonas remotas.
Ante ese escenario, el gobierno de Sheinbaum busca que una parte de la expansión de las redes recaiga en empresas que ya conocen los mercados locales.
Un incentivo para proyectos que necesitan liquidez
El mecanismo no equivale a un subsidio directo. Una deducción inmediata permite a las empresas adelantar fiscalmente un beneficio que, bajo el esquema tradicional, obtendrían posteriormente.
Solo durante este mes, un pequeño operador, cuyo nombre no fue revelado por Promtel, obtuvo el beneficio de una deducción inmediata de 67%, 72% y 86% en bienes nuevos de activo fijo para su proyecto de despliegue de infraestructura.
En el caso de una deducción de hasta 91%, un operador podría recuperar durante el primer año, vía un menor pago de ISR, alrededor de 30 centavos por cada peso de deducción adelantada, de acuerdo con la estimación de Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones.
“El principal efecto del programa está en la liquidez de las empresas, particularmente de aquellas que enfrentan restricciones para obtener financiamiento”, consideró Tovar.
