Más de 90 millones de líneas registradas, pero una ola de amparos aún busca frenar el trámite en juzgados

El crecimiento ocurre después de que la CRT amplió el plazo para realizar el trámite y estableció un calendario escalonado. Desde agosto, cada 15 días corresponde registrar las líneas de acuerdo con su último dígito, del 0 al 9. Si el titular no completa la vinculación dentro del periodo correspondiente, el operador suspende el número.

La estrategia buscó acelerar un proceso que todavía tenía un rezago importante. Antes de la prórroga , al 28 de julio solo 68 millones de líneas habían sido vinculadas, mientras que el universo pendiente alcanzaba 85.4 millones de números.

Amparos saturan juzgados especializados

Ahora, mientras el calendario avanza, el cumplimiento de la obligación se cruza con una creciente actividad judicial. Una fuente legal con conocimiento del tema, que pidió no ser citada, confirmó a Expansión que los juzgados especializados ya enfrentan un número considerable de amparos relacionados con el registro telefónico.

“Algunos de estos recursos ya han obtenido la suspensión, mientras que otros aún se encuentran en proceso de admisión”, dijo.

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), por su parte, aseguró a Expansión que tiene conocimiento de cinco casos de amparos que ya fueron admitidos por jueces.

Todavía no existe una cifra nacional sobre el número de amparos promovidos por usuarios contra el registro, pero solo el despacho Búho Penal ha interpuesto 30,000 recursos ante juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Si se toma como referencia el universo de alrededor de 157 millones de líneas activas que se desprende de las cifras oficiales de vinculación y que ya descuenta las línea que han sido canceladas, esos 30,000 recursos equivalen a cerca de 0.02% de las líneas en operación.

Aunque el universo es pequeño, la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que un incremento de litigios relacionados con el registro podría saturar los juzgados especializados en telecomunicaciones y retrasar la resolución de asuntos estratégicos en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

“Consideramos necesario que las autoridades judiciales establezcan criterios claros y uniformes para distinguir entre una controversia propiamente técnica o regulatoria en materia de telecomunicaciones y un reclamo individual relacionado con el registro o la suspensión de una línea telefónica”, dijo el organismo.

Amparo, el único recurso para el registro telefónico

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y especialista en telecomunicaciones, el amparo sigue siendo el principal recurso disponible para los usuarios que buscan impugnar una medida regulatoria como esta. Aunque la reforma judicial eliminó el efecto colectivo de estos recursos, considera probable que aumenten conforme más personas tengan que completar la vinculación.

“Aunque solo 500 personas obtengan una resolución favorable de un amparo es importante el uso de este recurso porque en la actualidad está huérfano el usuario ante una política que ya se demostró ser inconstitucional en dos ocasiones”, advirtió.

Bravo también considera que estos litigios pueden convertirse en una prueba para los jueces después de los cambios derivados de la reforma judicial, particularmente en asuntos relacionados con privacidad, protección de datos personales y derechos digitales.

Uno de los primeros casos provino de Aguascalientes , donde un ciudadano acudió a los tribunales contra el registro obligatorio de telefonía móvil. En su recurso argumentó que los lineamientos de la CRT omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones establecidos en el artículo sexto constitucional.

“Tengo el temor fundado de que el Estado no garantice la seguridad de nuestros datos personales, así como el temor a que el Estado limite nuestro derecho al acceso a las tecnologías y a la comunicación”, señaló el ciudadano en el documento de amparo.

El avance administrativo y la judicialización de la medida avanzan en paralelo, por lo que el siguiente reto no será únicamente conseguir que más usuarios terminen el trámite, sino determinar cómo absorberán los tribunales las impugnaciones que acompañan el proceso.