Bajo las nuevas reglas, una sola resolución de la Suprema Corte aprobada por mayoría calificada puede convertirse en un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, sin necesidad de acumular cinco sentencias en el mismo sentido.
Este escenario abre la posibilidad de que los litigios actuales terminen definiendo los alcances regulatorios en materia de privacidad, protección de datos y derechos digitales, aunque no impliquen, por sí mismos, la suspensión generalizada del registro telefónico.
Para el excomisionado presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas Teja, la prórroga podría incluso incentivar a más usuarios a recurrir a los tribunales.
“Ahora las cortes son controladas por el gobierno como resultado de la reforma judicial y eso resta autonomía a la hora de las sentencias, sumado a su efecto multiplicador que en ocasiones pasadas permitió tirar el Panaut”, lamentó el exfuncionario.
El antecedente al que se refiere es el del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), una iniciativa que fue invalidada tras una serie de recursos judiciales y cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Sin embargo, advirtió que, aun cuando algunos promoventes obtengan resoluciones favorables, sus efectos serán limitados, ya que únicamente beneficiarían a quienes consigan esa protección judicial, por lo que solo una proporción muy reducida de la población podría quedar exenta de la política impulsada por el regulador.
Mientras la prórroga amplía el plazo para completar el registro de las líneas móviles, también extiende la ventana para que más usuarios recurran a los tribunales. Sin embargo, especialistas coinciden en que la estrategia legal difícilmente frenará la implementación de la medida a nivel general, ya que los efectos de los amparos se limitan, en principio, a quienes los promueven.
