Las estimaciones de José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , indican que solo 43.3% de las líneas móviles en operación han sido registradas, lo que refleja el desafío que enfrenta la política de vinculación telefónica.
La prórroga llega en un contexto marcado por la resistencia de una parte de los usuarios a proporcionar información personal y documentos oficiales para completar el proceso. En redes sociales se han multiplicado los mensajes de rechazo y desconfianza hacia el registro telefónico.
Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, esa reticencia responde a la falta de explicaciones suficientes por parte de las autoridades.
“Lo que va a pasar es que veremos desconexiones, pero definitivamente esta primera etapa de la prórroga funcionará como aprendizaje para afinar detalles en el registro, sin embargo, CRT debe buscar mecanismos para que toda la población esté enterada del calendario de registro para evitar las menores afectaciones”, advirtió.
El especialista señaló que persisten dudas sobre el tratamiento y resguardo de los datos personales, además de cuestionamientos por la decisión regulatoria que permitió a las empresas vincular algunas líneas utilizando información previamente almacenada en sus bases de datos sin solicitar nuevamente el consentimiento de los clientes.
Riesgo de desconexión masiva
Pese a la ampliación de los plazos , un estudio de perspectiva de Banamex anticipa que al cierre de este año alrededor de 26 millones de personas podrían quedarse sin servicio móvil al no completar el registro.
La cifra equivale a dos de cada tres líneas de prepago pendientes por registrar y representa un mercado similar al de Chile, que contabiliza 26.2 millones de líneas móviles, de acuerdo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Además del impacto para los usuarios, Banamex estima que la desconexión provocaría una pérdida permanente cercana a 1,900 millones de pesos mensuales para la industria de telecomunicaciones, debido a la salida de millones de clientes del mercado.
La prórroga busca reducir ese impacto al distribuir el proceso de suspensión durante varios meses y evitar afectaciones operativas para los operadores móviles.
