La legislación, como muchas otras que adoptan una línea más dura con las compañías chinas, había sido aprobada por el Congreso por amplios márgenes a inicios de este año.
Los legisladores, tanto demócratas como republicanos, se hacen eco de la línea dura del presidente contra Pekín, que se volvió más feroz este año cuando Trump culpó a China por el coronavirus que asola a Estados Unidos.
La ley también requeriría que las empresas públicas revelen si son propiedad o están controladas por un gobierno extranjero.
Funcionarios chinos han criticado la medida como una política discriminatoria que oprime políticamente a sus empresas. Las autoridades se han mostrado reacias durante mucho tiempo a permitir que reguladores extranjeros inspeccionen las firmas contables locales, citando preocupaciones de seguridad nacional.
