En lugar de embarcarse en el largo proceso de reescribir estas normas, las agencias han utilizado en muchos casos herramientas legales urgentes, según abogados, grupos de consumidores y un estudio de Reuters.
Entre ellas se encuentran el retraso de las normas aún no aprobadas, la publicación de directrices no oficiales, la anulación de antiguas declaraciones políticas o la publicación de otras nuevas, y la decisión de no aplicar las normas existentes.
Estos cambios repentinos han hecho saltar las alarmas en el sector financiero, que tiene que adaptarse rápidamente a un nuevo régimen más estricto, y sientan las bases para posibles desafíos legales en el futuro, según los grupos de presión y los abogados.
"El liderazgo demócrata en funciones para estas agencias se está moviendo muy rápidamente para hacer frente a los cambios de política desreguladora que se produjeron bajo Trump", dijo Quyen Truong, socio del bufete de abogados Stroock & Stroock & Lavan.
"El uso por parte de las agencias de las directrices y la reversión de las declaraciones políticas exige un cambio rápido en el cumplimiento por parte de las empresas".
Los republicanos, por su parte, sostienen que estas alteraciones crean una incertidumbre legal y podrían hacer que las empresas se retracten de los préstamos.
El senador estadounidense Pat Toomey, principal republicano en el panel del Congreso que supervisa las agencias financieras, dijo en un comunicado que los cambios "frenarían el crecimiento económico".
Además, el hecho de revertir apresuradamente las normas y políticas sin pasar por un proceso de revisión oficial podría entrañar un riesgo de que se inicien litigios, según Brian Johnson, socio de Alston & Bird y ex subdirector de la CFPB.
Aun así, los abogados dijeron que están aconsejando a sus clientes que se adapten rápidamente, ya que es poco probable que los responsables permanentes cambien de rumbo.
