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Perú arrestra a ejecutivos de constructoras socias de Odebrecht por sobornos

Cinco empresarios de tres grandes compañías peruanas fueron detenidos por su presunta participación en sobornos al expresidente Alejandro Toledo.
Corrupción en tres gobiernos.
Corrupción en tres gobiernos. Odebrecht ha admitido el pago de sobornos para ganar la concesión de obras públicas en Perú durante los gobiernos de AlejandroToledo, Alan García y Ollanta Humala. (Foto: Shutterstock/Vanessa Volk)

Cinco empresarios de tres grandes constructoras de Perú fueron arrestados preventivamente este lunes, acusados de participar junto a la firma brasileña Odebrecht en sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo a cambio de un millonario contrato.

En una histórica decisión judicial que involucra por primera vez a importantes ejecutivos y exejecutivos de firmas peruanas en sobornos, el juez Richard Concepción Carhuancho dictaminó la prisión preventiva mientras la fiscalía los investiga por los delitos de "colusión agravada y lavado de activos".

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El juez ordenó la prisión preventiva por 18 meses para directivos de Graña y Montero -la mayor constructora de Perú-, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, que fueron socias de Odebrecht en la construcción de una carretera al sur del país andino que une a Perú con Brasil.

Las acciones de Graña y Montero, que cotizan en Lima y Nueva York, se desplomaban cerca de 10% en la apertura bursátil el lunes.

Los papeles de Graña y Montero han caído drásticamente este año por el escándalo de corrupción de Odebrecht; y sus finanzas fueron duramente golpeadas por la cancelación de un proyecto de gasoducto de 7.200 millones de dólares controlado por su exsocia brasileña.

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"La prisión preventiva es idónea para garantizar el sometimiento de los investigados al proceso", dijo el magistrado Concepción Carhuancho al sustentar su fallo en la madrugada del lunes, tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas.

El juez dictaminó la detención de José Alejandro Graña Miro Quesada, quien renunció a su cargo de presidente del directorio de Graña y Montero en febrero, y el exdirectivo de la firma constructora Hernando Alejandro Graña Acuña.

El magistrado dictó además el arresto domiciliario a otro exdirector de Graña y Montero involucrado en el caso, Gonzalo Ferraro Rey, quien está internado en una clínica local por complicaciones de salud, dijo la fiscalía.

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"Se ha exagerado. Se ordenó arresto pese a que se entregó su pasaporte como garantía que permanecerá en el país", dijo a periodistas Roger Von Ruesta, abogado de Ferraro Rey.

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Empresarios niegan acusaciones

Concepción Carhuancho determinó también la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet, presidente de JJC Contratistas Generales; y para José Fernando Castillo Dibós, gerente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.

Según la fiscalía, los ejecutivos supuestamente avalaron la participación de las firmas locales en el pago de sobornos de 20 millones de dólares a Toledo, en cuyo Gobierno (2001-2006) se aprobó la construcción de la carretera.

Los fiscales estiman que las tres empresas peruanas habrían aportado unos 15 millones de dólares en el pago del soborno a Toledo - que actualmente reside en Estados Unidos y ha negado varias veces las acusaciones -, sobre quien pesa una orden de arresto con fines de extradición por el mismo caso.

Imágenes de la televisión local mostraron a los cuatro sentenciados ingresando esposados a la sede del Poder Judicial de Lima, que deberá en las próximas horas determinar a qué cárcel serán trasladados, según la fiscalía.

En la audiencia judicial, los abogados de los ejecutivos negaron la participación de sus defendidos en la trama de corrupción.

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Odebrecht ha admitido el pago de sobornos para ganar la concesión de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Desde mediados de julio, el expresidente Humala y su esposa cumplen un arresto preventivo por 18 meses dictado por el mismo juez Concepción Carhuancho, acusados de lavado de activos por supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral en el 2011.

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