WASHINGTON (CNN)- El lunes, la administración Trump emitió una regulación que podría reconfigurar la población inmigrante legal en Estados Unidos.
La ya anticipada regla de la carga pública hace que sea más difícil para los inmigrantes que dependen de la asistencia del gobierno como Medicaid, viviendas subsidiadas y cupones de alimentos obtener un estatus legal.
El anuncio del lunes coincide con los intentos del gobierno de frenar la inmigración legal y favorecer a los inmigrantes más ricos y más educados.
Esto es lo que debes saber:
La regla se aplica a las personas que buscan ir o intentan permanecer en Estados Unidos. En particular, afectará a las personas que intentan obtener un estatus permanente legal, también conocido como tarjeta de residencia, tarjeta verde o ‘green card’.
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La disposición de “carga pública” se remonta al menos a la Ley de Inmigración de 1882. En ese momento, los legisladores federales querían asegurarse de que los inmigrantes pudieran cuidarse a sí mismos y no terminar siendo una carga pública.
Según las regulaciones vigentes establecidas en 1996, el término se define como alguien que es “principalmente dependiente” de la asistencia del gobierno, lo que significa que se le proporciona más de la mitad de sus ingresos.
Pero solo contaba los beneficios en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social. La nueva regla de la administración amplía la definición de quién se espera que dependa del gobierno al incluir más programas de beneficios.
Los funcionarios de inmigración pueden tener en cuenta los recursos financieros, la salud, la educación, las habilidades, el estado familiar y la edad del solicitante. Pero pocas personas son rechazadas por estos motivos relativamente estrechos, dijeron los expertos.
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“Está cambiando totalmente la concepción de lo que significa ser una carga pública”, dijo David Bier, analista de políticas de inmigración en el libertario Instituto CATO.
La regla afectará a las personas que reciben la mayoría de las formas de Medicaid, cupones de alimentos y cupones de vivienda.
No incluye beneficios tales como asistencia médica de emergencia, ayuda en caso de desastres, programas nacionales de almuerzos escolares, Programa de seguro médico para niños (CHIP) y despensas de alimentos y refugios para personas sin hogar.
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La regla incluye a los inmigrantes que usan uno o más beneficios públicos designados durante 12 meses dentro de un período de 36 meses. Cada beneficio se cuenta por separado, lo que significa que si se usan dos beneficios en un mes, contará como dos meses.
Es difícil saber exactamente cuántas personas se verán afectadas porque está en gran medida sujeto a la discreción del funcionario que tendrá en cuenta si es probable que alguien se convierta en una carga pública.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, se espera que la regla afecte a aproximadamente 382,000 personas que buscan ajustar su estado migratorio. Los defensores de la inmigración, sin embargo, dicen que millones de personas podrían verse afectadas por la regulación.
Los defensores de la inmigración también han argumentado que la regla va más allá de lo que pretendía el Congreso y discriminaría a los de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública necesaria, que también podría afectar a sus hijos ciudadanos estadounidenses.
“La regla refleja una visión oscura de Estados Unidos, como una nación poco acogedora que quiere alejar a las personas que buscan unirse a su familia, trabajar duro y ascender en la escala económica, basándose en la suposición errónea de que no contribuirán a nuestras comunidades, nuestra economía y nuestra nación “, dijo Robert Greenstein, presidente del Centro de Presupuestos y Prioridades de Política.
Los inmigrantes indocumentados no son en gran medida elegibles para asistencia pública, por lo que generalmente no se verían afectados, a menos que se abra una vía para que soliciten tarjetas verdes o visas.
La regulación no se aplica a los beneficios utilizados por los niños ciudadanos de Estados Unidos, según un funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Hay excepciones a la regla, como los beneficios recibidos por un miembro del servicio militar activo y sus cónyuges e hijos; Medicaid para mujeres embarazadas y personas menores de 21 años; y atención médica de emergencia.
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La regla tampoco afecta a los refugiados o solicitantes de asilo, así como a ciertas víctimas de la trata, víctimas de violencia doméstica, entre otras.
El Instituto CATO publicó un estudio el año pasado que revisa las tasas de uso de algunos programas de beneficios por parte de inmigrantes y estadounidenses nativos. El grupo descubrió que “los inmigrantes tienen menos probabilidades de consumir beneficios de asistencia social y, cuando lo hacen, generalmente consumen un valor en dólares más bajo de los beneficios que los estadounidenses nativos”.
La regla entrará en vigencia el 15 de octubre. Hasta entonces, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos “continúan trabajando para finalizar los procesos y procedimientos que serán necesarios para implementar la regla final de carga pública”, según un funcionario del USCIS.
La regla solo se aplicará a las solicitudes y peticiones en o después de la fecha de vigencia, según la agencia.
Tami Luhby y Tal Kopan de CNN contribuyeron a este informe.
