La organización indígena CONAIE dijo que el gobierno de Moreno se comportaba "al puro estilo de una dictadura militar" por declarar un estado de excepción y luego un toque de queda nocturno en algunas áreas.
Las protestas comenzaron afectar la producción petrolera de la pequeña nación. El Ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo que hasta el miércoles registraba una pérdida acumulada de 232,000 barriles de crudo, debido a la suspensión de la operación en nueve bloques petroleros por las protestas.
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Avance en los diálogos
Moreno, quien asumió el cargo en el 2017 , ratificó a última hora del martes que mantendrá vigente las medidas aunque dijo que está abierto al diálogo para buscar medidas de compensación a sectores afectados y no renunciará a la presidencia.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner ratificó la vigencia de las medidas y reconoció que se han tenido acercamientos con el movimiento indígena y los sindicatos bajo el acompañamiento de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y rectores de universidades.
"Estamos conversando y hemos llegado ya a algunos avances en estas negociaciones con los movimientos indígenas", agregó a periodistas desde Guayaquil, al señalar que "pandillas pagadas" se han querido tomar la ciudad.
Las autoridades han arrestado a cerca de 700 personas y docenas de policías han resultado heridos. Organizaciones de Derechos Humanos locales denunciaron el miércoles que 83 personas, incluidos adolescentes y mujeres, se encuentran "irregularmente detenidas" en un cuartel policial.
Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa, en cuyo gobierno fue vicepresidente, de intentar un golpe de Estado con ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Correa, desde Bélgica, negó la acusación y Maduro hizo lo propio desde Venezuela.
El mandatario cuenta con el apoyo de la élite empresarial, las Fuerzas Armadas y no tiene una oposición fuerte, pero su popularidad ha caído a niveles de menos el 30% en dos años de gobierno.