Chile llega a un acuerdo para dejar atrás la constitución de Pinochet

El país convocará a un plebiscito en abril de 2020 para decidir sobre la nueva Carta Magna, una exigencia de los manifestantes que están en las calles desde hace casi un mes.

El Congreso chileno llegó a un histórico acuerdo en la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras casi un mes de protestas.

La consulta preguntará a los ciudadanos si aprueban o rechazan que se escriba una nueva carta magna y qué tipo de órgano debería hacerlo, si una convención mixta de parlamentarios en ejercicio y miembros elegidos para ese fin o una asamblea formada solo por integrantes electos para eso.

La elección de los miembros de cualquiera de las dos instancias, que se disolverá una vez concluida la tarea de redactar un nuevo reglamento, se realizaría en octubre de 2020. Todas las normas de la nueva carta fundamental tendrán que ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros.

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Quienes sean candidatos a su integración deberán renunciar a cualquier cargo público y quedarán inhabilitados al servicio público por un año después de concluir su trabajo. La Nueva Carta fundamental de Chile, cuando esté redactada, será sometida a plebiscito de ratificación con sufragio universal obligatorio.

"Es una respuesta de la política con mayúscula, que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad", afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia, organización de centroizquierda, flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa de madrugada en una de las sedes del Congreso en Santiago.

Chile busca un acuerdo sobre nueva constitución para destrabar crisis

Después de horas de intensas negociaciones, los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera firmaron un "Acuerdo por la paz y la nueva Constitución", en el que se comprometieron a aprobar un llamado a plebiscito.

"Nosotros estamos contentos de haber podido contribuir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia", afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.

"La gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras de lo posible. Sí podemos soñar con una Asamblea constituyente", Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (izquierda radical).

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que se trataba de "un momento histórico".

La consultora Teneo planteó, sin embargo, que "es poco probable" que el pacto político, en el que también participará el opositor Partido Comunista, represente "una bala mágica" contra las protestas y la continua violencia y disturbios que estallaron en estas semanas.

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Días atrás, el peso chileno se hundió a mínimos históricos en medio del estallido social y el gobierno chileno recortó su estimación de crecimiento para la economía en 2020 en un punto porcentual, al 2.3%.

Pero durante la jornada del viernes los mercados reaccionaron al acuerdo con fuertes alzas. El peso cerró con un avance del 3,46%, a 776,90/777,20 unidades por dólar y el índice referencial del mercado bursátil, el IPSA , escalaba un 6,71% a inicios de la tarde.

De la "evasión masiva" a una nueva constitución

El acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas para reclamar profundas reformas sociales al gobierno. Las manifestaciones estuvieron acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.

Frente a un país que ardía, Piñera apostó por un "acuerdo por la paz", en vez de volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros nueve días de la crisis social. Las manifestaciones se iniciaron tras un llamado a evadir el pago del pasaje del metro de Santiago, después de un alza en las tarifas, y rápidamente se transformó en la mayor revuelta en tres décadas en el país.

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"Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

"Lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana", escribió en Twitter, la periodista Lucía López.

Adiós a la constitución de la dictadura

El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación sustantiva de la Constitución.

La carta magna había tenido algunas modificaciones, pero jamás había prosperado ninguna iniciativa para cambiarla en casi 30 años de democracia.

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"Muere la Constitución de la dictadura y nace una en democracia", celebró el senador progresista y excanciller Heraldo Muñoz.

La Constitución de Pinochet se situaba en primera línea de las críticas de los chilenos, que pidieron en las calles mayor participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores claves como la educación, la salud, pensiones y educación.

Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la dictadura la diseñó como un traje a su medida para que su influencia y la de los sectores conservadores pudiera mantenerse incluso tras el retorno de la democracia, en 1990.

Miles de chilenos mantienen vivas las protestas contra el gobierno

En 2005, tras un gran acuerdo político, en el que incluso de retiró de la carta fundamental la firma del ex dictador, se eliminaron los principios más antidemocráticos, como permitir el despido de jefes militares y se eliminaron los senadores designados y vitalicios.

Durante el anterior gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018) se propuso un cambio constitucional, pero éste no recibió el apoyo de la ciudadanía.