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Este es el camino que Chile tiene que recorrer para tener una nueva Constitución

Una de las principales demandas de los manifestantes chilenos es sustituir la carta magna que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
jue 07 noviembre 2019 05:04 AM
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Quienes abogan por cambiar la constitución alegan que la actual ley máxima chilena carece de legitimidad por haber sido redactada durante la dictadura de Pinochet.

SANTIAGO- La revuelta social que estalló en Chile hace más de dos semanas volvió a instalar sobre la mesa antiguas demandas sociales, económicas y políticas. Una de ésas es reemplazar la actual Constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet.

Aunque el cuerpo legal ha sido reformado varias veces desde su promulgación en 1980, los promotores del cambio señalan que un nuevo texto es clave para asegurar derechos sociales o establecer espacios de participación, mientras que sus defensores aseguran que la carta magna actual ha dado estabilidad a Chile y que no es urgente reemplazarla.

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¿Por qué cambiar la constitución?

El principal argumento es que fue redactada y aprobada en plena dictadura militar, por lo que carece de legitimidad. El texto no establece mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas ni garantiza que el Estado es responsable por asegurar derechos sociales, lo que fragilizaría la posición de los ciudadanos.

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Además exige un alto quórum en el Congreso —de hasta dos tercios de los votos— para aprobar reformas constitucionales en temas cruciales como acceso a salud, derecho de privados sobre el agua, sistema de pensiones o el poder del Tribunal Constitucional, entre otros asuntos.

"El proyecto político que la dictadura plasmó en el texto constitucional sigue vigente, no ha sido tocado", afirma el abogado constitucionalista Jaime Bassa, profesor de la Universidad de Valparaíso. Y la mayor "presencia" de ese proyecto radica precisamente en el tercer capítulo, que aborda derechos fundamentales, dice el experto.

"Todo el sistema de protección de derechos sociales, específicamente seguridad social, salud, educación, trabajo y régimen sindical, está marcado por una preferencia en favor de la propiedad privada y la libertad de emprendimiento. Y eso no se ha tocado", insiste.

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Un tema polémico en Chile también es el peso que tiene el Tribunal Constitucional en las políticas públicas. "Eso ha hecho que acuerdos políticos a los que se ha llegado en el Congreso luego sean echados para atrás en el Tribunal Constitucional", dice María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Miles de chilenos mantienen vivas las protestas contra el gobierno

¿Cómo sería el proceso?

"Las constituciones hacen dos cosas: crean el poder y lo limitan", explica Escudero, que resalta las demandas de la sociedad chilena por mayor participación política y nuevos y más sólidos derechos sociales.

La Constitución actual no establece cuál es el mecanismo para escribir un texto que la reemplace. Tampoco especifica quién elaboraría el nuevo cuerpo, si se convocaría a una Asamblea Constituyente, quién la conformaría, o si se haría mediante una comisión mixta de políticos y ciudadanos o quedaría sólo en manos del Congreso.

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"El reemplazo constitucional, para distinguirlo de reformas, no está contemplado en la Constitución del '80", dice Escudero. "Y ése es el principal problema que tienen en este momento quienes abogan por un reemplazo constitucional", señala.

La ex presidenta Michelle Bachelet llevó adelante un proceso constituyente en su segundo gobierno, con cabildos ciudadanos y canalización de propuestas sobre qué debería incluir una nueva constitución. Días antes de dejar el poder, envió un proyecto al Congreso para redactar una nueva Constitución, pero no avanzó.

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¿Plebiscito, asamblea constituyente o comisión mixta?

Hoy en día para reformar la Constitución sólo hay un mecanismo congresista, dice el cientista político Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, por lo que la opción sería que el gobierno envíe al Congreso un proyecto de reforma parcial o total a la Constitución.

Estas son las razones del malestar social en Chile

Protests in Chile

¿Un 'oasis'?

Chile, percibido como un 'oasis' de estabilidad en América Latina, vive su peor estallido social en al menos tres décadas.
Foto: Reuters/Ivan Alvarado
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Protestas

El aumento en las tárifas del metro fue la gota que derramo el vaso de los chilenos, quienes acumulan años reclamos económicos y sociales.
Foto: AFP/JAVIER TORRES
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Las protestas pasaron de las estaciones de metro a la calle. El viernes 19 de octubre, comenzaron a ocurrir algunos disturbios.
Foto: AFP/SEBASTIAN CISTERNAS
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La noche del 19 de octubre, el servicio del metro de Santiago fue suspendido y varias estaciones fueron incendidas.
Foto: AFP/JAVIER TORRES
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El presidente Sebastián Piñera dio marcha atrás al aumento del metro, pero este anuncio se vio empañado por la declaración de un estado de emergencia y las órdenes de toque de queda las últimas cuatro noches.
Foto: AFP/HO/Presidencia de Chile
Protest against Chile's state economic model in Santiago

Contra la desigualdad

Esto no frenó las protestas. Políticos y analistas explican que el aumento del precio del metro es solo la punta del iceberg de un descontento social en Chile.
Foto: Reuters/Ivan Alvarado
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Chile es uno de los 10 países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
Foto: AFP/JAVIER TORRES
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Pensiones

Cambiar el sistema de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet y que fue pionero de la capitalización absolutamente individual de los trabajadores encabeza la larga lista de demandas.
Foto: AFP/JAVIER TORRES
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En redes sociales se multiplicaban fotos y videos con denuncias de abuso de la fuerza por parte de agentes de seguridad.
Foto: AFP/JAVIER TORRES
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Medidas económicas

Desbordado por las protestas, Piñera, anunció el martes una serie de medidas económicas, como aumentar las pensiones, mejorar la atención en salud y aplicar impuestos a quienes más ganan.
Foto: AFP/PABLO VERA
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Insatisfechos

Las medidas fueron calificadas como una "burla" por muchos de los manifestantes. Estudiantes, jubilados, profesores, funcionarios públicos y miembros de los servicios de salud pública se unieron a una huelga general.
Foto: AFP/PEDRO UGARTE

En las más de dos semanas de protestas callejeras, se ha hecho patente la demanda de una nueva carta fundamental para el país y de una consulta popular.

Sin embargo, la opción de un plebiscito no es viable por el momento, ya que la Constitución limita expresamente los temas que pueden ser sometidos a una consulta popular, excluyendo la redacción de una nueva carta magna.

Una alternativa, dicen los expertos, es modificar a través de una ley en el Congreso el artículo que limita los temas susceptibles de ser plebiscitados, para abrir la puerta a una consulta vinculante sobre una nueva Constitución.

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Si se llega a una consulta popular, ésta podría contener una segunda pregunta, señala Fuentes, respecto a cómo se haría ese cambio de la carta, si vía Asamblea Constituyente, una comisión mixta de parlamentarios y ciudadanos o a través del Congreso.

"En el contexto actual, como la política, el Congreso y los partidos políticos están tan desacreditados, yo creo que la ciudadanía se inclinaría por una comisión mixta o una Asamblea Constituyente", señala Fuentes.

La derecha no ha respaldado en todos estos años la idea de una nueva Constitución, sino sólo reformas a través del Congreso. Sin embargo, hay un "creciente número de parlamentarios" que está por abrir fórmulas mixtas o una Asamblea Constituyente, plantea Fuentes, lo que configura un nuevo ambiente político.

#RenunciaPiñera: otro camino intrincado

Durante las protestas, tanto en la calle como en las redes sociales, se ha hecho popular pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Pero según la Constitución, no es un proceso tan sencillo.

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Chile tiene un régimen presidencial y el mandatario es elegido en votación directa para un período de cuatro años sin reelección inmediata. Si por enfermedad, ausencia del territorio u "otro grave motivo" no puede ejercer su cargo, será subrogado por el ministro del Interior en primer lugar, según una lista determinada.

En caso de una acusación política en el Congreso, se necesitaría la aprobación en la Cámara de Diputados y luego de dos tercios del Senado para destituirlo.

Y si ocurre que un mandatario presenta su renuncia, también le cabe al Senado "declarar (...) si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla". Antes de eso, sin embargo, los senadores deberán oír la opinión del Tribunal Constitucional.

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