Las demandas fueron presentadas por la firma de abogados Lynn Coyle en coordinación con el consulado mexicano en El Paso, una ciudad que es fronteriza con México y donde un 83% de los 680,000 habitantes son de ascendencia hispana.
"Por medio de esta demanda, los peticionarios buscan justicia no únicamente para ellos, sino también seguridad para el público en general", agrega el comunicado.
El ataque del 3 de agosto, que el gobierno mexicano calificó como un "acto de terrorismo" sustentado en la xenofobia, fue ejecutado por Patrick Wood Crusius, de 21 años.
El agresor declaró ante las autoridades que entró a la tienda de Walmart y abrió fuego usando un rifle de asalto AK-47 contra múltiples víctimas, aunque precisó que "su objetivo eran los mexicanos".
El mes pasado, Crusius se declaró no culpable del cargo de asesinato múltiple . La fiscalía de El Paso dijo que pediría la pena de muerte.
El ataque dejó también una veintena de heridos, ocho de los cuales eran mexicanos.
La Cancillería sostuvo que continuará utilizando "todos los recursos a su alcance" para evitar que este tipo de incidentes se repitan y para reparar los daños sufridos por las víctimas.
A inicios de septiembre, Walmart anunció que dejaría de vender municiones para pistolas y algunos rifles de estilo milita r, y calificó de "inaceptable" la situación del control de armas en Estados Unidos.
También dijo que pediría a sus clientes no portar armas dentro de sus tiendas, una práctica que es legal en varios estados de Estados Unidos.
Un nuevo tiroteo en un supermercado Walmart en Duncan, Oklahoma, dejó tres muertos el lunes 18 de octubre, entre ellos el presunto autor del ataque.
