Las medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la "población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación", explicó el canciller en una rueda de prensa posterior a la presentación de la denuncia.
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El documento, de unas 60 páginas, contiene "datos estadísticos, tiene hechos, se pasea por las razones jurídicas, por la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la CPI para investigar, enjuiciar y determinar responsabilidades de los hechos", señaló.
"Es un caso bien sustentado" porque se trata de "ataques generalizados y sistemáticos" contra los ciudadanos del país caribeño, por lo que el Gobierno "va a difundir la denuncia por varias vías", indicó Arreaza.
El jefe de la diplomacia venezolana puso como ejemplo los efectos que las sanciones han tenido en la industria petrolera venezolana, corazón económico del país, pues han perjudicado al "traslado de piezas, su reparación o a los procesos de refinado".
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La CPI solo investiga la responsabilidad penal de individuos y no trata litigios entre Estados. La denuncia venezolana no nombró a ningún alto oficial de Estados Unidos por su nombre pues, según Arreaza, debe ser la fiscal Bensouda quien los señale.
