“Son varios los factores por los que la cuarentena domiciliaria, a pesar de haber sido iniciada precozmente, no haya dado los resultados esperados”, dice el médico Manuel Mayorga Espichán, director nacional de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada del Norte, en Lima. “Probablemente, el más importante de ellos sea que el 70% de la población económicamente activa en el Perú es informal y la subsistencia familiar depende de los ingresos que se obtienen diariamente, con lo que la mayoría no puede ´darse el lujo´ de no trabajar”.
Si bien la economía peruana registró una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina entre 2010 y 2019 con un promedio anual del 4.5%, y en el mismo período la pobreza cayó del 30.8% al 20.2% de la población, buena parte de los déficits históricos del país en materia social no han sido removidos.
Atento a ese contraste entre fortaleza macroeconómica y profundas carencias sociales, el gobierno peruano sorprendió con el lanzamiento del programa más ambicioso de América Latina dirigido a moderar los efectos de la cuarentena. Inyectó 25,000 millones de dólares -el equivalente al 12% del PIB- con el objetivo de asistir a los segmentos sociales más vulnerables y asegurar la continuidad de las empresas.
El programa incluye desde bonos para los sectores más humildes de la población hasta la suspensión excepcional del aporte a las administradores de fondos de pensión, pasando por el financiamiento del 35% de los salarios de los trabajadores formales que tengan un sueldo de hasta 1,500 soles (unos 425 dólares) y la inyección por parte del Banco Central del equivalente a 8,500 millones de dólares para garantizar préstamos de los bancos a unas 350,000 empresas.
