El gobierno español aprobó este viernes la creación de un ingreso mínimo vital, para combatir una pobreza agudizada por la crisis del coronavirus y que ha llevado a muchas familias a tener que pedir alimentos para sobrevivir.
"Hoy nace un nuevo derecho social en España", proclamó el vicepresidente del gobierno y líder de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias, tras aprobarse la medida en consejo de ministros.
Esta herramienta ya había sido adoptada en otros países europeos y que beneficiará hasta a 2.3 millones de personas, de acuerdo con la agencia EFE. Un 30% de los beneficiarios son mayores de edad.
Según explicó Iglesias, la renta mínima vital garantizará 462 euros al mes (515 dólares) a un adulto que viva solo.
En el caso de las familias, a este mínimo se sumarán 139 euros (155 dólares) al mes por cada persona adicional, adulto o niño, con un máximo de 1,015 euros por hogar (1,130 dólares).
La renta mínima será compatible con otros ingresos, de manera que si alguien tiene un empleo de baja remuneración, recibirá un complemento hasta alcanzar los umbrales previstos en el dispositivo aprobado este viernes.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social detalló a su vez en un comunicado que con este dispositivo "la renta media garantizada es de 10,070 euros al año por hogar", es decir unos 11,220 dólares.
Las previsiones iniciales del gobierno apuntan a que unas 100,000 familias comiencen a cobrar en junio esta renta mínima, aunque el objetivo final es llegar a 850,000 familias y 2.3 millones de personas, la mitad de ellas niños.
Se podrán acoger personas de entre 23 y 65 años o desde los 18 años con menores a cargo y un año como mínimo de residencial legal en España.
El coste anual para el Estado se calcula en unos 3,000 millones de euros anuales (un 0.24 % del PIB de 2019).
Este ingreso es una "política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país", explicó este en Twitter el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien destacó el carácter "permanente" de la medida.
El gobierno de coalición progresista (Partido Socialista y el izquierdista Unidas Podemos) estudiaba la medida desde hace varios meses, pero la aprobación se aceleró con la grave crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza, que ha traído de regreso las filas para recibir alimentos en numerosos puntos de España.
Y es que el parón económico envió al desempleo a cientos de miles de personas y disparó la pobreza de forma más aguda que cuando la crisis de 2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria en España.
Por primera vez en sus vidas, muchas familias, sobre todo en la capital Madrid, están teniendo que pedir comida en parroquias y asociaciones de vecinos.
Este ingreso será el mínimo en todo el país, pero podrá ser mejorado con otras ayudas de las autoridades regionales y dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar, con especial atención a familias con niños y monoparentales.
El objetivo del gobierno con esta medida es eliminar la pobreza extrema, que según sus cálculos afecta a 600,000 hogares y 1.6 millones de personas.
Precisamente, en febrero, el Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza, Philip Alston, dijo al término de una misión que España le estaba "fallando por completo a las personas que viven en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea".
El ministro español de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicó que en el caso de España se reduce "mucho menos" que en otros países vecinos la tasa de pobreza extrema después de las transferencias públicas, quedando en un 9%, frente a una media europea del 5.4%.
Con información de AFP y EFE
