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Chile decide si deja atrás el último vestigio de la dictadura de Pinochet

El país sudamericano, que vivió protestas históricas el año pasado, votará este domingo sobre la redacción de una constitución que sustituya a la del gobierno militar, aprobada en 1980.
vie 23 octubre 2020 02:44 PM
CHile Protestas
Las protestas sociales que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado estaban orientadas específicamente a los temas de desigualdad.

Chile se asoma a una elección que promete marcar un quiebre en su historia. El próximo domingo, 14.7 millones de ciudadanos estarán habilitados para decidir en un plebiscito si el país avanzará o no en la redacción de una nueva Constitución.

De confirmarse en las urnas la tendencia ampliamente favorable al cambio que arrojan los sondeos, el país no solo comenzará a dejar atrás la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, sino que abrirá el camino para brindar una respuesta institucional a la creciente demanda social por una mayor igualdad.

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"El plebiscito implica ajustar cuentas del pasado, pero también construir caminos hacia el futuro", dice el analista político Kenneth Bunker, director del sitio web de análisis electoral TresQuintos, en Santiago de Chile. "Lo que se busca es reemplazar a una Constitución que fue impuesta de arriba hacia abajo y, tras la eliminación de ese pecado de origen, crear una nueva Carta Magna más horizontal en la que la gente se sienta partícipe".

La actual Constitución, aprobada en 1980, es percibida por buena parte de la sociedad chilena como una camisa de fuerza que la dictadura de Pinochet legó a la democracia. Si bien en los últimos años se introdujeron varias modificaciones que fueron eliminando algunos enclaves autoritarios del texto original, como la designación de senadores no electos por el voto popular y el rol otorgado a las Fuerzas Armadas como únicas garantes del orden institucional, en materia económica y social se mantuvieron sin grandes cambios los lineamientos impuestos por la Constitución escrita en tiempos de Pinochet.

En línea con la visión predominante durante los 17 años de aquella dictadura, la Constitución establece, por ejemplo, que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los deja en manos de privados para intervenir solo si fuera necesario.

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Ese legado de la dictadura contribuyó a moldear una sociedad con altos niveles de desigualdad, déficit que no pudo ser revertido por los gobiernos democráticos que se sucedieron a partir de 1990. Si bien desde entonces Chile registró un elevado crecimiento económico que sobresalió entre los países de América Latina —el PIB per cápita pasó de unos 2,600 dólares en 1990 a casi 15,800 dólares el año pasado, lo que permitió reducir los niveles de pobreza del 38.6% al 9.8% de la población en ese período—, la bonanza no llegó a todos de manera equitativa.

Un año de protestas en Chile, de la tarifa del metro hasta la Constitución

Según el último Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con datos hasta 2015 el 1% de la población más acaudalada de Chile captaba el 26.5% de la riqueza neta, un nivel de concentración que solo es superado por Brasil en la región.

Las limitaciones que la Constitución le impone al Estado para actuar como factor de igualación en el acceso a los servicios más básicos se fueron tornando más evidentes a partir de 2013, cuando el crecimiento de la economía pasó a ser más lento.

“Las protestas sociales que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado estaban orientadas específicamente a los temas de desigualdad: ciudadanos huérfanos de la protección del Estado y enfrentando a un mercado que se abusaba de esa situación”, dice el analista político Guillermo Holzmann, socio-director de Analytyka Consultores, en Santiago de Chile. “Para superar esa crisis, los partidos políticos acordaron avanzar en un cambio de la Constitución, con lo que se buscó una solución institucional a una crisis social”.

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uego de 29 días de protestas y una represión policial que derivó en 22 muertes, el 15 de noviembre del año pasado el gobierno de Sebastián Piñera y la oposición acordaron la convocatoria al plebiscito. En principio, la consulta popular se iba a desarrollar el 26 de abril, pero fue pospuesto al 25 de octubre por la pandemia.

Las encuestas coinciden en que la opción Apruebo, que promueve la redacción de una nueva Constitución, se impondría con claridad a la alternativa del Rechazo. Si ese resultado se confirma, el 11 de abril del año próximo se realizará la elección de los constituyentes, quienes deberán redactar la nueva Constitución en un plazo máximo de un año.

El plebiscito de este domingo también consultará la forma en que se redactaría la nueva Constitución en caso de triunfar el Apruebo. Las opciones pasan por una Comisión Mixta, integrada por parlamentarios y ciudadanos electos, o una Convención Constitucional, formada sólo por ciudadanos electos.

Alineamientos políticos

El acuerdo alcanzado entre la mayoría de los partidos políticos para convocar al plebiscito diluyó la histórica puja entre la coalición oficialista de derecha y centroderecha, que actualmente ejerce el gobierno, y la oposición de centroizquierda. De hecho, en la alianza oficialista coexisten dos posiciones: por un lado, dos de sus partidos –Renovación Nacional y Evolución Política- dieron libertad de acción a sus dirigentes y militantes; por el otro, la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyos dirigentes suelen defender a la dictadura de Pinochet, es la más activa en promover la opción del “Rechazo”.

El presidente Piñera se ha mostrado equidistante durante el proceso en un intento por mantenerse por arriba del debate. Sin embargo, el título del acuerdo alcanzado el año pasado con la oposición —“Por la paz social y la nueva Constitución”— parece una señal inequívoca de su postura.

No obstante, esa posición también podría leerse como una implícita admisión de su debilidad política: la aprobación de una nueva Carta Magna, con cambios que se presume tomarán las demandas de las protestas sociales del año pasado, no formaba parte de la propuesta del presidente cuando asumió su segundo mandato el 11 de marzo de 2018.

“Piñera se ha mantenido neutro dado que, en el fondo, no es un presidente que tenga un capital político como para manifestarse”, dice Bunker. “Es una muestra de la debilidad de un presidente con niveles de popularidad que habían caído a un dígito, pero también es una evidencia de realismo político: no puede tomar la posición de una opción claramente minoritaria como la del Rechazo porque eso lo debilitaría aún más para lo que resta de su gobierno”.

Para los analistas, en caso de triunfar el domingo la opción Apruebo, serán clave otros resultados del plebiscito para anticipar por dónde pasarán las negociaciones políticas a partir del lunes. Por un lado, el nivel de concurrencia a las urnas promete ser un factor a tener en cuenta. En Chile, el voto no es obligatorio y la participación en las elecciones viene siendo decreciente. De hecho, en las últimas presidenciales solo votó el 46.7% del padrón.

"Si la abstención es más alta que en la última elección presidencial, no faltarán las fuerzas que impugnen la legitimidad del proceso", dice Holzmann.

Junto a eso, el proceso que desembocaría en una nueva Constitución será muy distinto según cuál sea finalmente el órgano a cargo de su redacción. Si triunfa la opción de que sea elaborada por una convención constitucional, la ciudadanía deberá elegir la totalidad de sus 155 miembros en los comicios del 11 de abril.

Si, en cambio, obtiene más votos la alternativa de una comisión mixta, solo se elegirá por elección popular a la mitad de sus integrantes. El resto estaría integrado por parlamentarios que se distribuirían según el peso de las distintas fuerzas políticas en ambas cámaras. Dado que la aprobación de cada artículo de la nueva Constitución requerirá de al menos dos tercios de los constituyentes, la profundidad de los cambios promete ser distinta según cuál sea el órgano que finalmente se elija para su redacción.

Hace un año, una suba de 30 pesos en el boleto del Metro de Santiago fue la chispa que encendió un estallido social sin precedentes en Chile. En medio de las protestas, una frase terminó por resumir el espíritu de los manifestantes: "No son 30 pesos, son 30 años". A partir de este domingo, los chilenos empezarán a saldar esas viejas deudas con dos hitos históricos.

Por primera vez, votarán para decidir si quieren una nueva Constitución redactada desde cero. En ocasiones anteriores, hubo plebiscitos solo para decidir si la población estaba de acuerdo o no con la Constitución que le ofrecían. Además, en caso de triunfar el Apruebo, será la primera Constitución escrita en democracia plena y con una participación social activa.

"El plebiscito implicará dejar atrás los últimos vestigios institucionales de la dictadura que quedan en la Constitución y, con eso, el fin de la transición democrática después de 30 años", dice Bunker. "Las demandas cambiaron y los chilenos buscarán dar vuelta la página para comenzar una nueva etapa política, económica y social".

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