"El plebiscito implica ajustar cuentas del pasado, pero también construir caminos hacia el futuro", dice el analista político Kenneth Bunker, director del sitio web de análisis electoral TresQuintos, en Santiago de Chile. "Lo que se busca es reemplazar a una Constitución que fue impuesta de arriba hacia abajo y, tras la eliminación de ese pecado de origen, crear una nueva Carta Magna más horizontal en la que la gente se sienta partícipe".
La actual Constitución, aprobada en 1980, es percibida por buena parte de la sociedad chilena como una camisa de fuerza que la dictadura de Pinochet legó a la democracia. Si bien en los últimos años se introdujeron varias modificaciones que fueron eliminando algunos enclaves autoritarios del texto original, como la designación de senadores no electos por el voto popular y el rol otorgado a las Fuerzas Armadas como únicas garantes del orden institucional, en materia económica y social se mantuvieron sin grandes cambios los lineamientos impuestos por la Constitución escrita en tiempos de Pinochet.
En línea con la visión predominante durante los 17 años de aquella dictadura, la Constitución establece, por ejemplo, que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los deja en manos de privados para intervenir solo si fuera necesario.