"Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna", anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
Así mismo, alentó a todas las personas, "independientemente de su situación migratoria", a vacunarse contra el COVID-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.
La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (Fema) ha anunciado el establecimiento de centros de vacunación temporales que ayuden a las clínicas y los hospitales a administrar las vacunas.
El DHS tiene una política que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en "lugares sensibles", incluidos los hospitales, clínicas de salud y consultorios médicos, excepto en "circunstancias más extraordinarias".
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Los puntos de vacunación son considerados "lugares sensibles", por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas de represión de la inmigración ilegal, según el comunicado.
Los grupos defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación porque los indocumentados eviten vacunarse por el temor a ser detenidos. Esto puede significar no solo un riesgo para los inmigrantes, muchos trabajadores esenciales, sino para el resto de la población.