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España permitirá cambiar de sexo en el registro civil con solo la voluntad

El gobierno del socialista Pedro Sánchez presenta un anteproyecto de ley para que todo español de al menos 14 años pueda determinar su género, una lucha de la comunidad transgénero.
mar 29 junio 2021 03:13 PM
El gobierno español aprobó este martes una propuesta de ley que permitirá a partir de los 14 años cambiar de sexo en el registro civil con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con la necesidad de informes sanitarios y de tutelas médicas y legales para proceder a tal modificación.
"Es un paso de gigante" en el avance de los derechos de las personas trans y LGTBI, insistió Irene Montero, la ministra española de Igualdad.

El gobierno español aprobó este martes una propuesta de ley que permitirá a partir de los 14 años cambiar de sexo en el registro civil con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con la necesidad de informes sanitarios y de tutelas médicas y legales para proceder a tal modificación.

El proyecto, que creó fuertes tensiones en la coalición de gobierno entre los socialistas de Pedro Sánchez y su aliado minoritario de izquierda radical Podemos, convertiría a España en uno de los pocos países en Europa que permiten la autodeterminación de género.

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La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, dijo que el proyecto permitirá "garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans", así como "una batería importante de derechos para las personas LGTBI, que actualmente están siendo vulnerados".

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"Pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI", argumentó la portavoz del Ejecutivo, la socialista María Jesús Montero, en conferencia de prensa.

De acuerdo con una versión preliminar del proyecto a la que tuvo acceso la agencia AFP, "toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo”.

El anteproyecto dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el registro civil, mientras que a partir de los 14 cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo.

Por tanto, esta ley permitirá a la persona que lo desee cambiar su nombre y género en su documentación, si así lo requiere, sin tener que facilitar informes médicos ni seguir un tratamiento hormonal.

El anteproyecto de ley aún debe pasar por una serie de trámites de consulta antes de ser remitido al Parlamento español para su votación.

 

Los dos socios de gobierno acabaron por entenderse gracias a la inclusión de un plazo de tres meses entre la formalización de la solicitud y su validación por el demandante, para que pueda confirmar su decisión de cambiar de género.

"En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la comparecencia y solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión", estipula el anteproyecto de ley.

El texto prevé igualmente abrir esta posibilidad para los jóvenes de 14 a 16 años si están acompañados a lo largo del proceso por sus representantes legales.

Un enfrentamiento entre el movimiento feminista y los colectivos LGBT

Este proyecto ha recibido críticas de un sector del movimiento feminista de España, que cree que esta ley supondría un “borrado de las mujeres”.

"Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llega ninguna", respondió la portavoz Montero a esos reproches, y subrayó que España "hace historia" con esta legislación.

"Reconocemos por tanto el derecho a la libre determinación de la identidad de género, acometemos la 'despatologización', es decir, las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país", explicó la ministra Montero, gran defensora de la autodeterminación de género.

 

Fue este punto en particular el que hizo explotar las tensiones dentro del gobierno: la número dos del ejecutivo, la socialista Carmen Calvo, había dicho en febrero que le preocupaba la idea de "pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”.

La autodeterminación de genéro es una cuestión que se ha "complicado" en estos últimos años debido a las "voces contrarias", subraya Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales.

Estas corrientes proceden, según explica la activista a la AFP, de un "feminismo exclusivo", en oposición a la visión inclusiva que defiende los derechos de los transexuales.

Ese feminismo, para Sangil, "se acerca más al discurso de la ultraderecha que a las voces de la izquierda”.

Acusación que refuta Tasia Aránguez, miembro del colectivo feminista "Contra el borrado de las mujeres", que denuncia una ley "desprovista de garantías jurídicas", y que podría por ejemplo permitir "que hombres con antecedentes penales de agresión sexual puedan cambiar de sexo registral”.

Por ello, Aránguez demanda que se mantenga la obligación de un diagnóstico médico.

Los dos socios de gobierno acabaron por entenderse gracias a la inclusión de un plazo de tres meses entre la formalización de la solicitud y su validación por el demandante, para que pueda confirmar su decisión de cambiar de género.

 

"En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la comparecencia y solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión", estipula el anteproyecto de ley.

El texto prevé igualmente abrir esta posibilidad para los jóvenes de 14 a 16 años si están acompañados a lo largo del proceso por sus representantes legales.

Un avance para la población trans, pero insuficiente

La ley dejará de considerar enfermas a las personas trans y, además, se prohibirán las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.

"Es un paso de gigante" en el avance de los derechos de las personas trans y LGTBI, insistió Irene Montero.

Con esta ley, "no hubiera tenido que dar tantas explicaciones, no hubiera tenido que pasar este bochorno con la policía cuando me pide mi nuevo DNI con cara de mofa, y muchas cosas que han pasado", relata Sandra Herrero Ventura, de 23 años.

Nacida con el nombre de Mario, Sandra tuvo que seguir una terapia psiquiátrica, además de un tratatamiento hormonal con 17 años, una vaginoplastia a los 19 y solo pudo cambiar de nombre con 20 gracias a un informe médico que le diagonosticaba una "disforia de género".

Toni Durán, que asesoró al Ministerio de Igualdad en el proceso, reconoce que hay propuestas que finalmente han quedado fuera del texto, pero que otras han logrado un consenso entre las partes.

"Se ha quedado lo que se ha podido quedar, para los menores (de catorce años) no hay un verdadero reconocimiento de la autodeterminación, pero por otro lado ahora no hablamos solo de mujeres sino de personas con capacidad de gestar", explicó a EFE.

"El proceso de negociación ha sido tan extremadamente complejo que tenemos claro que el texto es mejorable pero es un muy buen principio", valoró José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, quien a su vez lamenta la ausencia de legislación sobre las personas trans migrantes y las no binarias.

Para Uge Sangil, el país modelo es Argentina, "donde el trámite es mucho más sencillo", y desde 2012 el cambio se hace a través de una simple declaración.

La presidenta de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, criticó duramente el texto de la ley y aseguró que es "mentira" que se trate de una ley para las personas trans.

"Es mentira que es una ley trans, no tiene nada para ser una ley trans, reconocen a personas mayores de 14 años, les autorizan el cambio registral sin informes pero les ponen tres meses de reflexión, tienes que ir tres veces al registro a reafirmarte...", compartió.

Los migrantes y las personas no binarias no fueron tomadas en cuenta

Uno de los aspectos más criticados de la ley es la falta de amparo para las personas migrantes y la ausencia de personas no binarias.

Aventín también reprochó que las personas migrantes no estén en el texto, ya que el derecho de autodeterminación solo será efectivo para las personas de nacionalidad española, y que tampoco se nombre a las personas no binarias.

"Nos han hecho perder mucho tiempo, pero sobre todo mucha esperanza, es muy decepcionante", concluye.

Para Vicky Arely Gómez, migrante trans hondureña residente en España, este hecho insinúa "claramente" que los migrantes "no son merecedores" de esos derechos y así se "violentan los derechos humanos de las personas trans migrantes".

"Es racismo y transfobia por parte del Estado, seguimos en una posición de desigualdad con el resto", dijo amargamente a la agencia española, para añadir que "solo" les queda "seguir reivindicando los derechos" y luchar por conseguir la nacionalidad para poder realizar el cambio de nombre.

"No vamos a terminar nunca, pero no nos vamos a dar por vencidas", subraya a Efe la hondureña.

Por su lado, Rafi Gnecco, no binario español, declaró a la agencia EFE que la ausencia de su género en el texto no le ha pillado por sorpresa.

"No pensaba que nos fueran a mencionar, que la ley haya salido adelante me parece un milagro, es muy injusto que nos dejen atrás pero viendo como está el cuadro político en España, que no nos dejaran atrás, igual que a las migrantes y a los menores, era la única manera de sacar adelante la ley", afirma.

En ese sentido, reconoce el aporte del texto porque incluye "una de las cosas más vitales" para el colectivo: la autodeterminación.

"El término no binario es mucho más reciente y para la lucha trans era algo vital por los suicidios y la hormonación obligatoria que ha causado mucha disforia", añade con pocas esperanzas de que el trámite parlamentario pueda mejorar la ley: "sería maravilloso, pero creo que falta mucho tiempo para que se nos reconozca".

Dentro de la Unión Europea, los derechos de las personas trans siguen siendo muy variables.

En 2014, Dinamarca fue el primer país europeo que concedió el derecho a la autodeterminación de la identidad de las personas transgénero.

Francia, que se convirtió en 2010 en el primer país en el mundo en sacar la transexualidad de la lista de enfermedades psiquiáticas, autoriza desde 2017 la modificación del estado civil sin tener que "justificar tratamientos médicos, operación quirúrgica o esterilización", pero a través de un proceso en los tribunales.

Según la Asociación Internacional Lesbiana y Gay (ILGA), al menos 25 Estados miembros de la ONU "autorizan el reconocimiento jurídico del género sin exigencias prohibitivas”.

En algunos países, los procesos administrativos o judiciales pueden durar años e incluir la obligación de un diagnóstico psiquiátrico, un tratamiento hormonal, una operación de reasignación sexual o una esterilización. Una situación criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de LGTB+.

Sólo una quincena de naciones permiten a las personas transgénero modificar su estado civil con una simple declaración.

Con información de AFP y EFE

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