"No se debe subestimar el impacto de esta odiosa ley: ataca principalmente a personas negras y latinas, de bajos ingresos o que viven en zonas rurales", que no pueden viajar, subrayó la presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson.
Antes de Texas, 12 estados aprobaron leyes similares, pero todas fueron derogadas en los tribunales porque violaron la jurisprudencia de la Corte Suprema que garantizaba el derecho al aborto siempre que el feto no sea viable fuera del útero, esto es, alrededor de las 22 semanas de embarazo.
Pero Texas ha redactado su ley de manera diferente: no le corresponde a las autoridades hacer cumplir la medida, sino "exclusivamente" a los ciudadanos, que son alentados a presentar denuncias civiles contra organizaciones o personas que ayudan a las mujeres a abortar.
El texto establece que estos demandantes recibirán al menos 10,000 dólares en "indemnización" en caso de condena. Los críticos lo ven como un "bono" por denunciar, pero sus partidarios ya han creado sitios para recopilar cualquier "información anónima".
La normativa explota un vacío legal y complica la intervención de los jueces federales. Esta es la razón por la que la Corte Suprema se mantuvo al margen.
El presidente del tribunal, generalmente conservador, John Roberts, votó sin embargo junto a los tres jueces progresistas. Para él, habría sido necesario bloquear esta ley "sin precedentes" en espera de un examen de fondo.
Esta primera prueba para la nueva Corte Suprema pronto será seguida por otra: debe examinar en las próximas semanas una ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo, excepto en casos de emergencia médica o una anomalía fetal grave.
"Espere la misma mayoría" en ese caso, predijo la historiadora del derecho al aborto Mary Ziegler.
