Las carreteras han presenciado miles de historias como ésta. Los medios de comunicación amplifican algunas, otras, la mayoría, quedan en el silencio y el olvido. Diariamente alrededor de 800 migrantes, casi todos venezolanos, cruzan a Chile desde Bolivia. La mayoría viaja en familia. María y sus hermanos se han criado en la ruta estos últimos tres años. Aunque extrañan su hogar, su padre les advierte que el lugar donde nacieron ya es un pueblo fantasma. Ahora intentarán quedarse en Chile, le contaron a CONNECTAS, donde perciben una oportunidad.
Los niños creen que en ese país al fin su papá encontrará un trabajo estable y tendrán una casa, y –lo principal— que dejarán de caminar todo el día y de dormir donde los encuentre la noche. No se han enterado que solo una semana atrás, en Iquique, ciudad por la que pasaron, unos lugareños marcharon contra los migrantes, quemaron sus carpas e incluso persiguieron a algunos por las calles.
Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) basados en reportes del Departamento de Extranjería y Migración de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de extranjeros aumentó de 305,000 en 2010 a casi un millón 500,000 en 2020, el 7.5% de la población general del país.
La crisis política y económica de varios países de la región ha disparado el fenómeno migratorio, y en Chile ha llevado al presidente Sebastián Piñera a asumir medidas más restrictivas. Su nueva Ley de Migraciones solo permite regularizar la situación de quienes hayan ingresado por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, fecha en la que las autoridades cerraron las fronteras por primera vez debido a la pandemia. Y quienes crucen clandestinamente por pasos no habilitados tendrán solo 180 días para abandonar el país sin sanción. El gobierno chileno alquiló aviones para aplicar la normativa y expulsar a los inmigrantes. Solo las Cortes de Apelaciones paralizaron esas expulsiones indiscriminadas en que mezclaban condenados por delitos con migrantes irregulares.