Marie Chickel ha pasado la noche con miedo. Echada en el suelo sobre cartones mientras vigilaba el sueño de sus gemelos de 10 años, esta migrante haitiana no pudo dormir temerosa de que una redada ponga fin a su viaje y la separe de sus hijos.
"Estuve escuchando que la migración va a llegar aquí y por eso no pude dormir. Si la inmigración me encontrase aquí no sé adónde puedo ir", dijo a la agencia AFP esta mujer de 45 años.
El rumor se esparció rápidamente durante la madrugada del miércoles dentro del parque Braulio Fernández de Ciudad Acuña, el vasto terreno que unos cientos de haitianos como Chickel han convertido en un improvisado refugio, separado de territorio estadounidense solamente por el cauce del río Bravo.
Marie es solo una de las miles de migrantes haitianas que se encuentran varadas en Coahuila, en busca llegar a Estados Unidos. Regresar a Haití, para muchos de estos migrantes, no es un plan.
El país caribeño, que comparte la isla La Española con República Dominicana, ha vivido un rápido deterioro en su por sí precaria situación durante 2021. Una crisis política que tocó su punto más alto con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio y un terremoto que destrozó el suroeste del país han obligado a miles de personas a buscar un nuevo lugar para vivir.
Estas son algunas de las crisis que hacen que volver a Haití sea una idea descartada para la mayoría de los refugiados que hoy se agolpan en las fronteras de México.
La mañana del 7 de julio, un comando armado entró a la residencia del presidente Jovenel Moïse y lo asesinó. Este hecho hundió a la primera república negra de la historia aun más en la crisis política, de seguridad y humanitaria en la que se encuentra desde la década pasada.
La última decisión política de Jovenel Moïse fue nombrar a Ariel Henry como primer ministro en sustitución de Claude Joseph. Tras el magnicidio, y antes del funeral de Moïse, hubo un contrapunto entre ambos, pero a la postre asumió Henry.
Luego que varios países intervinieran para calmar los ánimos, las tensiones parecieron disminuir y el conjunto de la dirigencia política haitiana exigió que los responsables del asesinato de Moïse fueran llevados ante la justicia, algo que Henry prometió en forma solemne.
Sin embargo, a lo largo de las semanas, el nuevo primer ministro demostró su incapacidad para cumplir esa promesa, así como crear un clima propicio para la organización de las postergadas elecciones nacionales.
Peor aún: Henry está ahora en el banquillo, sospechado de haber mantenido intercambios telefónicos, en las horas posteriores al magnicidio, con uno de los principales sospechosos del asesinato de Jovenel Moïse.
La respuesta del primer ministro fue destituir al fiscal Bed-Ford Claude, que formuló "serias sospechas" en su contra y pidió su inculpación.
La repentina muerte de Moïse el 7 de julio generó un vacío de poder y un golpe de gracia para la democracia haitiana.
Moïse no había organizado ninguna elección desde que llegó al poder en 2017, y el país cuenta hoy con apenas diez legisladores en funciones.
Los diputados dejaron sus cargos en enero de 2020. Solo un tercio de los senadores quedaron como garantes simbólicos del poder legislativo, sin tener la más mínima capacidad para legislar o controlar la acción del gobierno.
Moïse, acusado de autoritario por la oposición, también estaba omiso en nombrar nuevos magistrados para el consejo superior del Poder Judicial.
Desmovilizado en 1995, el ejército haitiano está todavía en estado embrionario, con apenas 500 soldados.
Si las filas de la Policía Nacional (PNH) han crecido desde su creación en 1995, el país de más de 10 millones de habitantes apenas cuenta con 20.000 agentes y la institución sufre divisiones internas.
El hecho de que ningún policía responsable de la protección de Moise resultara siquiera herido durante el magnicidio supuso un grave descrédito para la PNH.
En febrero, tras denunciar un intento de golpe de Estado, Moïse obligó ilegalmente a jubilarse a tres jueces del Tribunal de Casación. Sin contar con suficientes miembros, el máximo tribunal de justicia del país se encuentra hoy paralizado.
En un momento en que la mayoría de la población haitiana lucha por alimentarse, la inseguridad obstaculiza cualquier perspectiva de recuperación económica.
Bandas criminales fuertemente armadas controlan varios suburbios de Puerto Príncipe, donde llevan a cabo secuestros y desde donde bloquean regularmente el acceso a las únicas terminales petroleras del país.
Las protestas para exigir el fin de estos delitos llenaban las calles de Puerto Príncipe incluso antes del asesinato de Moïse.
Los secuestros en Haití aumentaron más de un 300% en abril pasado, mes en el que se registraron al menos 91 casos, frente a los 27 en marzo, de acuerdo con un informe de la organización de la sociedad civil Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), publicado el 4 de mayo.
La violencia de las bandas se recrudeció desde comienzos de junio, en especial por la acción de G9 an Fanmi e Alye, una organización de pandillas.
Según el mismo CARDH más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.
Un sismo de magnitud 7.2 sacudió el suroeste de Haití la tarde del 14 de agosto, trayendo a la mente de muchos el trauma del terremoto de 2010 del cual la nación caribeña aún no se recupera.
Un mes después del terremoto que mató a más de 2,200 habitantes, 690,000 personas, incluidos 260,000 niños y adolescentes, siguen necesitando "ayuda humanitaria de emergencia", indicó el 14 de septiembre la UNICEF.
Miles de personas continúan viviendo en la calle en condiciones inhumanas y decenas de miles de edificios siguen en escombros en el sur de Haití. Más de 26,000 personas siguen resignadas a vivir en la calle, o en campamentos improvisados.
Otros muchos haitianos han decidido volver a sus hogares agrietados y a tratar de repararlos por su cuenta, sin que las autoridades hayan hecho una evaluación de si son habitables.
Los habitantes de las zonas más remotas de las montañas del suroeste de Haití se quejan de no haber recibido ninguna ayuda por parte del Estado.
“Un mes después, la población está sola. Intentan afrontar los problemas a su manera. Se trata de una población que ya vivía en condiciones difíciles. El terremoto no hace más que complicar su situación”, dijo a la agencia EFE Andrinette Cadet, representante de ENPAK, una organización de la sociedad civil que trabaja en el ámbito de la protección de la infancia en el sur de Haití.
El aumento de la migración desde Haití no es nuevo. El terremoto de magnitud 7.0 del 12 de enero de 2010 destrozó la capital Puerto Príncipe y lastró el desarrollo del país, el más pobre de América Latina. Desde entonces, 1.6 millones de haitianos han abandonado su país.
Los migrantes haitianos han elegido Chile y Brasil como sus principales destinos desde entonces. Sin embargo muchos migrantes han salido de estos países por el desempleo o las dificultades para renovar sus permisos de trabajo en medio de la pandemia de COVID-19. Otros solo buscan reunirse con sus familias en Estados Unidos.
Después del sismo de agosto, el gobierno estadounidense anunció que ampliaría la vigencia del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para todos los haitianos que estaban en Estados Unidos el pasado 29 de julio o antes.
Como ocurrió a finales de 2020 tras la elección de Biden, esta decisión provocó lo que algunos analistas denominan un "efecto llamada" que impulsó a miles de migrantes a emprender una carrera hacia la frontera con Estados Unidos.
Para llegar al país norteamericano, los haitianos tienen que atravesar una decena de naciones como Panamá y Colombia, en cuya frontera están varados unos 19,000 migrantes, mayoritariamente haitianos.
En el pequeño puerto colombiano de Necoclí, los migrantes esperan abordar una embarcación que los lleve a la frontera con Panamá para continuar su viaje por la inhóspita selva del Darién.
Los viajeros deben atravesar el golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros. También sortear la amenaza del Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico en Colombia que ejerce autoridad en la región.
Aquellos migrantes que logran recorrer toda Centroamérica encuentran otro tapón en Tapachula, una ciudad en la frontera sur de México. Según una estimación de Médicos Sin Fronteras, 40,000 migrantes —entre hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y, claro, haitianos—, se encuentran actualmente en esta localidad.
A pesar de la dificultad, aproximadamente unos 15,000 migrantes haitianos llegaron hasta el puente que una a Ciudad Acuña, Coahuila en México con Del Río, Texas en Estados Unidos.
Para el miércoles, la mayoría de los refugiados abandonaron la idea de permanecer bajo el puente internacional que une a Acuña con la estadounidense Del Rio, agotados y temerosos de que la patrulla fronteriza los detenga y los deporte inmediatamente a Haití.
Con información de AFP y EFE
