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Los migrantes, ninguneados

Los gobiernos latinoamericanos no se han decidido a coordinar acciones ante el fenómeno migratorio, mientras crecen problemas como xenofobia, delincuencia, miseria y desesperanza.
mar 12 octubre 2021 05:04 AM
Siluetas de personas caminando en un fondo rojo con el mapa de América Latina. Una mano soteniendo un encendedor.
Los problemas de la migración en América Latina no solo afectan a los países expulsores, como Haití, o a los recpetores, como Chile, sino a todos los países de tránsito en la región.

Manuel, su esposa y sus tres hijos emigraron desde una zona rural de Carabobo, Venezuela, en un mes de 2018 que ya ni recuerdan. Tampoco se saben todas las ciudades en las que han vivido. Solo que trabajaron en un pueblito de Colombia al lado de la ruta, donde juntaron el dinero suficiente para llegar en bus hasta Ecuador. Que en Perú se subieron a un camión con verduras mientras estaba en marcha porque nadie se detenía a llevarlos. Y que en Chile caminaron tres días por el desierto a un ritmo de 25 kilómetros por jornada. Fue tan intenso que una de sus hijas gemelas de 11 años, María, dice que tiene más callos que pies.

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Las carreteras han presenciado miles de historias como ésta. Los medios de comunicación amplifican algunas, otras, la mayoría, quedan en el silencio y el olvido. Diariamente alrededor de 800 migrantes, casi todos venezolanos, cruzan a Chile desde Bolivia. La mayoría viaja en familia. María y sus hermanos se han criado en la ruta estos últimos tres años. Aunque extrañan su hogar, su padre les advierte que el lugar donde nacieron ya es un pueblo fantasma. Ahora intentarán quedarse en Chile, le contaron a CONNECTAS, donde perciben una oportunidad.

Los niños creen que en ese país al fin su papá encontrará un trabajo estable y tendrán una casa, y –lo principal— que dejarán de caminar todo el día y de dormir donde los encuentre la noche. No se han enterado que solo una semana atrás, en Iquique, ciudad por la que pasaron, unos lugareños marcharon contra los migrantes, quemaron sus carpas e incluso persiguieron a algunos por las calles.

Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) basados en reportes del Departamento de Extranjería y Migración de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de extranjeros aumentó de 305,000 en 2010 a casi un millón 500,000 en 2020, el 7.5% de la población general del país.

La crisis política y económica de varios países de la región ha disparado el fenómeno migratorio, y en Chile ha llevado al presidente Sebastián Piñera a asumir medidas más restrictivas. Su nueva Ley de Migraciones solo permite regularizar la situación de quienes hayan ingresado por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, fecha en la que las autoridades cerraron las fronteras por primera vez debido a la pandemia. Y quienes crucen clandestinamente por pasos no habilitados tendrán solo 180 días para abandonar el país sin sanción. El gobierno chileno alquiló aviones para aplicar la normativa y expulsar a los inmigrantes. Solo las Cortes de Apelaciones paralizaron esas expulsiones indiscriminadas en que mezclaban condenados por delitos con migrantes irregulares.

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Entre enero de 2018 y enero de 2021 se registraron más de 35,400 ingresos por pasos no habilitados, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010, de acuerdo con el SJM, que cita datos de la Policía de Investigaciones.

La posición del gobierno chileno ha variado. Piñera dijo en marzo de 2018: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”. Pero este año, en medio de la crisis migratoria, justificó las expulsiones: "No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes".

Organizaciones de Derechos Humanos se pronunciaron a favor de detener las expulsiones colectivas y analizar los casos de acuerdo con los estándares internacionales y de respeto a los derechos humanos.

Aún así, Chile sigue siendo un destino atractivo, un verdadero imán para quienes no tienen mucho que perder. Como los haitianos, a quienes varios países han tratado de invisibilizar, tienen su propia tragedia que no se puede mantener en la sombra. El gobierno chileno calcula que para diciembre había más de 182,000 haitianos en el territorio sin incluir a los indocumentados, que para las autoridades de ese país no existen. En todo caso, son la tercera población migrante en la nación austral, luego de venezolanos y peruanos.

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Edwin Paraison, ex embajador de Haití en República Dominicana, explica a CONNECTAS que su país vive un momento caótico especialmente por la crisis política, profundizada luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse y el protagonismo de las pandillas. Pero también por la seguridad pública, la degradación de las condiciones de vida y la creciente actividad de los traficantes de personas. “El problema es que ante el crecimiento de los compatriotas migrantes no ha habido programas que favorezcan la convivencia entre los nuevos llegados y la población local (…) Se deben definir las responsabilidades de todos, no solo es el gobierno haitiano, que tiene el mayor peso evidentemente. Pero a veces no se ve a algunos actores internacionales que están influyendo mucho más”, asegura.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile realizó en 2017 el estudio más reciente sobre las percepciones de la población acerca de los inmigrantes y pueblos indígenas y alertó que la discriminación racial se está asentando en la opinión pública. Un dato llamativo es que los chilenos se consideran en su mayoría “más blancos” que otros latinoamericanos y consideran a las personas migrantes “más sucias”. “Si los chilenos y chilenas solo hablamos de migrantes a propósito de expulsiones y desalojos esto solo favorece a la xenofobia y el racismo”, asegura Sergio Micco, director de este organismo.

A esto se suma el abuso cometido con los migrantes en los pasos fronterizos. Por ejemplo, los denominados “coyotes” y “piratas” ofrecen trasladarlos de ciudad en ciudad con precios exorbitantes, lo que no impide que muchas veces los abandonen en la carretera. Según la OIM, desde Venezuela a la frontera chileno-boliviana un migrante venezolano gasta 1,500 dólares entre pasajes y pagos a coyotes.

En Chile, en tanto, cada tramo de 200 kilómetros puede costar 35 dólares por persona en un transporte pirata. En efecto, los buses de empresas formales evitan llevar migrantes debido a que no cuentan con documentos sanitarios. Al final parece que todo se resume en esta frase que le dijo una inmigrante a la OIM cuando le consultaron sobre sus gastos en este éxodo: “Los venezolanos nos hemos transformado en un negocio".

La situación se ha vuelto insostenible y la crisis humanitaria crece porque no es un problema solamente de Haití o Chile sino de todos los países: los expulsores y los receptores de migrantes. En este momento, miles se encuentran atascados en Colombia o México provenientes de Brasil y Chile.

Pero también Panamá experimenta una cifra récord de migrantes de paso. Según el Servicio Nacional de Migración, 88,514 han ingresado en lo que va del año atravesando la selva del Darién. Esta es la región más intransitable y peligrosa de América Latina y el inicio de la ruta para los que proceden de Sudamérica en su camino a Estados Unidos, donde también se enfrentan a estrictas medidas fronterizas. La agencia Reuters, citando a dos fuentes del gobierno de Panamá, indica que hasta 4,000 migrantes, la mayoría haitianos, transitan hoy por el territorio panameño.

“Los países receptores de migrantes tienen que ser conscientes de que hay una atención humanitaria importante. Por ejemplo Colombia ha sido históricamente un pueblo de emigrantes por diversas situaciones y en ese sentido no se puede cerrar la puerta a los inmigrantes de otros países”, dice José Guarnizo, periodista colombiano y coautor del libro Migrantes de otro mundo .

En este punto resulta necesario cuestionar la falta de una agenda coordinada entre países para atender la crisis migratoria, que aborde no solo las causas sino también estrategias a partir de la cooperación y la responsabilidad compartida. Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Chile, considera que “la cooperación internacional debe fortalecerse pues su rol es clave y hasta el momento las señales de cooperación son escasas. Países como Brasil, Perú o Colombia reciben mayor cantidad de personas que nosotros, ya que mientras existan crisis sociopolíticas como las de Venezuela o Haití, las personas seguirán transitando por el continente y el mundo. Ya se contabiliza a cinco millones de venezolanos fuera de su patria, lo que los acerca a la crisis de Siria, hasta hoy el mayor éxodo del mundo”.

Sin embargo el gobierno venezolano niega esta situación, como expresó recientemente el canciller Félix Plasencia al acusar al presidente colombiano Iván Duque de inventar cifras. “Seis millones de venezolanos de origen colombiano, además de millones de venezolanos del Medio Oriente y de Europa, viven hoy en Venezuela y son felices”, afirmó.

Para Figueroa la respuesta no es unívoca y debe orientarse no solo a controlar fronteras, sino hacia una coordinación internacional concreta y en diferentes niveles: Policía, autoridades de municipios afectados y gobiernos centrales.

Con esta perspectiva coincide Nolvia Collao, directora de Migr-Acción Chile. Además propone aplicar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de diciembre de 2018 para aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. “Esto se debe lograr por medio de acuerdos entre los países que tengan un enfoque integral de derechos. En tanto no aborden adecuadamente esos factores, se mantendrán muy activos los flujos de personas hacia un territorio que miran como un mejor destino para sus vidas. Hace falta mucha cooperación internacional tanto en el punto de partida como en el de llegada”.

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Soraya Mesa, gerenta de Programa de Respuesta Humanitaria ante la migración venezolana en Perú, tiene un punto de vista interesante. “Todos los Estados latinoamericanos deberían trabajar en un aspecto concreto: homologar los sistemas de certificación de diplomas, competencias y otros, tanto para los niños como para los adultos porque solo así facilitarían la verdadera inclusión socio económica cualificada”, dice.

Por otro lado, Guarnizo considera que una coordinación debe involucrar a Estados Unidos, el país al que muchos quieren ir pero que en este momento, a pesar de su gran responsabilidad, no tiene una política de apertura. “El problema es que los países de Centroamérica y Sudamérica dependen mucho de Estados Unidos y por eso no facilitan pasos humanitarios que evitarían más muertes de migrantes. Hay que entender que este es un tema de derechos humanos y que hoy tú no estás migrando, pero a lo mejor mañana te toca”, dijo a CONNECTAS.

Recientes imágenes muestran extremos de violencia, maltrato, xenofobia, o peor aporofobia, el rechazo a los pobres. Pero la migración también ha despertado la solidaridad de quienes entienden la vulnerabilidad de los que se vieron obligados a dejarlo todo, arriesgando sus vidas y las de sus seres queridos, en busca de un nuevo futuro. Están ahí y cada día son más, aunque las autoridades prefieran ignorarlos, mirarlos de reojo o fingir que son responsabilidad de otro.

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

*Miembros de la mesa editorial de CONNECTAS

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