La crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia con Polonia ha mostrado como la migración crece cada vez más rápido, así como el maltrato que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sufren.
Las crisis económica, climática y de seguridad que vive el planeta han orillado a millones de personas a salir de las áreas de conflicto y cruzar las fronteras de países como Estados Unidos, España, Uganda y Grecia.
Según datos de ACNUR , hay 82.4 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo. De estos, 48 millones son desplazados internos; mientras que hay 26.4 millones de refugiados y 4.1 millones de demandantes de asilo. En definitiva, personas que se ven en la necesidad de escapar hacia países ricos con el sueño de tener una vida digna.
Esto ha provocado conflictos entre varios países que comparten fronteras. Estos son algunos de los más importantes en la actualidad.
Al final del 2020, unas 867,800 personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras seguían estando sometidas al desplazamiento forzado, casi 80,000 más que al final del 2019.
En estos tres países, existen causas interconectadas de desplazamiento que muy a menudo se relacionan con la violencia. Las personas que buscaban refugio en su país o cruzando las fronteras internacionales estaban escapando de la violencia persistente de las pandillas, la extorsión y la persecución, entre otros factores.
Las personas en riesgo de El Salvador, Guatemala y Honduras que buscaban protección tuvieron pocas opciones debido a las estrictas limitaciones a la circulación y los cierres de fronteras destinados a reducir la propagación de la COVID-19 durante 2020.
Las medidas de confinamiento limitaron las posibilidades de las personas de huir y agravaron su exposición a situaciones de violencia y persecución, lo que ha impulsado el desplazamiento en estos países.
En la actualidad las peticiones de asilo a los Estados Unidos no tienen probabilidades de ser aceptadas, por ello, las personas tienden a quedarse en países aledaños, México principalmente, según el reporte “Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2020” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Aunque el destino previsto de las personas que se desplazan desde estos tres países sigue siendo, en general, los Estados Unidos, cada vez más se instalan en México, y un número mucho menor se dirige al sur, a Costa Rica y Panamá.
Estos países también se están convirtiendo en importantes países de tránsito para las personas nacionales de la subregión y para quienes no pertenecen a la región.
En los últimos diez años, los desplazamientos desde El Salvador, Guatemala y Honduras se han multiplicado casi por 50, y aumentaron de 18,400 personas al final del 2011 a unas 867,800 al final del 2020.
A nivel global, el 12% de todas las nuevas solicitudes de asilo presentadas en 2020 provenía de personas ciudadanas de estos tres países.
De las 549,200 personas desplazadas internacionalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 79% se encontraba en los Estados Unidos (432,700 personas). Otras solicitaron asilo en México (78,600 o el 14%), Canadá (4,100) y Costa Rica (2,500). Otras 25,900 personas (5%) de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaron asilo fuera de las Américas, sobre todo en Europa, en países como España (15,400) e Italia (4,600). Además, 318,600 personas fueron desplazadas internamente en Honduras (247,100) y El Salvador (71,500).
Varias circunstancias han alterado el flujo migratorio en la frontera sur española en apenas un año: la pandemia y el conflicto migratorio con Marruecos. Pero el gobierno mantiene políticas migratorias restrictivas, por ello la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha mostrado indignada.
Diego Boza, coordinador general de la entidad, ha criticado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya “incumplido su acuerdo de investidura de vías legales y seguras” para los migrantes. La APDHA ha condenado en su balance anual Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021 que el mantenimiento de las medidas restrictivas ha empujado a los inmigrantes a la ruta canaria en patera, más peligrosa y mortal.
Los controles en las costas peninsulares hacen que las personas hayan dejado de intentar cruzar en bote y, ante la dificultad de cruzar las vallas, muchos migrantes subsaharianos tratan de acceder a España a nado. Un tramo difícil, como se recoge en el dato de que, entre principios de 2018 y el primer trimestre de 2019, murieron 1,000 personas.
Según información de Europa Press, el 29 de febrero del 2020 el gobierno turco, presidido por Recep Tayyip Erdogan, anunció que abriría las fronteras con Grecia, alegando que no podían continuar cumpliendo el acuerdo con la Unión Europea, en el que debía ocuparse de 3,6 millones de refugiados sirios a cambio de una cifra que iba entre los 3,000 y los 6,000 millones de euros.
El motivo de fondo era el conflicto que Turquía mantiene con Bashar al-Assad por Idlib, la última zona bajo control rebelde, con apoyo turco, en Siria. Erdogan buscaba que la Unión Europea se posicionará a su favor, por lo que llevó en autobuses a refugiados hasta la frontera y difundió que Grecia iba a abrir la frontera y ha tratado a los migrantes como un arma política.
Y el 21 de agosto del 2021, el gobierno griego terminó el refuerzo de su frontera terrestre con Turquía , esto con la finalidad de prevenir una oleada de refugiados afganos tras la toma del poder de los talibanes. Las autoridades helenas quieren impedir que se produzca una crisis de refugiados como las vividas en 2015, cuando casi un millón de refugiados —en su mayoría sirios— entraron al país y la antes mencionada del 2020.
Según la última información entregada por la ACNUR , del 1 al 3 de julio del 2020 más de 3,000 refugiados de la República Democrática del Congo llegaron a Uganda durante una apertura temporal de dos puntos de cruce fronterizo en Golajo y Mount Zeu, al noroeste de Uganda.
Los recién llegados formaban parte de un grupo más grande de aproximadamente 45,000 personas, según las autoridades locales de la República Democrática del Congo, que habían intentado huir hacia la frontera de Uganda con la República Democrática del Congo poco después de que estallaran enfrentamientos mortales entre los grupos armados de la milicia en la provincia de Ituri los días 17 y 18 de mayo del 2020.
Mientras que algunos pudieron regresar a sus áreas de origen, otros permanecieron cerca de la frontera, sin poder cruzar durante más de un mes debido al cierre de las fronteras en el lado de Uganda para contener la propagación de COVID-19.
El grupo fue llevado al Zeu Farm Institute, un antiguo centro de capacitación para agricultores en el distrito de Zombo, que ahora sirve como centro de cuarentena.
Después del período de cuarentena obligatorio de 14 días, de acuerdo con las directrices y protocolos nacionales, serían transportados a los asentamientos de refugiados existentes.
“ACNUR acoge con beneplácito la decisión del Gobierno de Uganda de permitir que el grupo de refugiados ingrese al país y reciba ayuda y protección para salvar vidas. Este esfuerzo demuestra cómo, a través de las cuarentenas, los exámenes de salud y otras medidas, los Estados pueden cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional durante la pandemia y al mismo tiempo limitar la posible transmisión del virus.”, indicó la oficina de Naciones Unidas en un comunicado.
Sin embargo, la respuesta de los refugiados en Uganda sigue enfrentando múltiples desafíos debido a la falta de fondos, incluyendo los graves recortes de raciones de alimentos.
