"Sin una reacción internacional urgente (...) los tigrianos, sobre todo los detenidos, están en un gran peligro", afirmó en un comunicado Joanne Mariner, directora de respuesta a las crisis en Amnistía.
Este comunicado se conoce antes de la sesión especial el viernes del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para estudiar el nombramaiento de investigadores sobre las posibles violaciones de derechos en esta guerra.
Gizachew Muluneh, portavoz del gobierno regional de Amhara, dijo a la AFP que las acusaciones que figuran ese informe son "totalmente infundadas e injustificadas".
"Sabemos que estas tergiversaciones son otra ola de falsedades", dijo, y acusó a las organizaciones de pasar por alto las atrocidades cometidas por los rebeldes.
El conflicto en el norte de Etiopía comenzó en noviembre de 2020 después de que el primer ministro, Abiy Ahmed, envió al ejército para desalojar a los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo del Tigré (TPLF), a quienes acusa de atacar bases militares.
En junio, los rebeldes recapturaron la mayor parte del Tigré y avanzaron hacia las regiones vecinas de Afar y Amhara.
El 25 de noviembre, el primer ministro anunció que lideraba una contraofensiva en persona y que retomaron varias localidades.