El australiano Julian Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la embajada de Ecuador, recibió el lunes autorización para apelar ante el Tribunal Supremo británico contra una sentencia de diciembre que permitía su extradición a Estados Unidos.
El 10 de diciembre, el gobierno estadounidense había logrado que una corte de apelaciones londinense anulase la decisión previa de no entregarlo.
Pero el ex juez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de la defensa de Assange, aseguró que utilizarían "todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información".
Este lunes, la Alta Corte de Londres les autorizó a recurrir ante el Tribunal Supremo británico un aspecto específico sobre las garantías ofrecidas por el gobierno estadounidense acerca del trato que allí le sería otorgado.
Sin embargo, es solo un pequeño paso en un proceso largo y complicado.
"La situación ahora es que el Tribunal Supremo debe decidir si examina la apelación. Pero no nos equivoquemos, hoy hemos ganado", afirmó la prometida de Assange y madre de sus dos hijos, Stella Morris, saliendo sonriente del tribunal.
"La de hoy es una victoria parcial", pero "el castigo continúa" para el australiano, que lleva recluido "más de mil días", subrayó por su parte el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, denunciando la persecución judicial de Estados Unidos como "un flagrante ataque terrorista a la libertad de prensa en todo el mundo".
En primera instancia, una jueza londinense había impedido la extradición en enero de 2021 por considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos.
Pero los abogados de Washington apelaron, garantizando que no se lo mantendría en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento médico adecuado.
El caso de Assange se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.
Pero el gobierno estadounidense, que lo ha acusado de 18 cargos que incluyen espionaje, afirma que Assange no es periodista sino pirata informático y la divulgación de documentos sin editar puso en peligro la vida de sus informantes.
Si es extraditado, podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular.
"Estoy aliviada más allá de lo que puedo expresar", afirmó a la AFP Sue Barnett, una manifestante de 61 años originaria de Nottingham, en el norte de Inglaterra, que enarbolaba una pancarta donde podía leerse "10 años son suficientes, liberen a Assange ahora".
"Todos nos temíamos lo peor", agregó rodeada de varias decenas de partidarios del fundador de WikiLeaks que se habían reunido a las puertas de la Alta Corte de Londres y animaban a los automovilistas a hacer sonar sus bocinas en señal de apoyo.
Assange está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, desde que en abril de 2019 fue detenido por sorpresa dentro de la embajada ecuatoriana después que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase el asilo concedido por su predecesor Rafael Correa.
Primero fue en cumplimiento de una condena británica por haber incumplido las condiciones de su libertad condicional al refugiarse en la legación para evitar ser extraditado a Suecia, donde se enfrentaba a acusaciones de agresión sexual abandonadas desde entonces.
El australiano afirmaba temer ser enviado desde allí a Estados Unidos.
Después, fue mantenido en prisión preventiva mientras se decide su extradición, dado que la juez consideró que podría volver a intentar escapar si era excarcelado.
